El sector de los pisos turísticos de Barcelona ha presentado ya reclamaciones de responsabilidad patrimonial ante la Generalitat de Catalunya por valor de 1.000 millones de euros por las pérdidas que, según calcula, le supondrá la aplicación del decreto que regula las viviendas de uso turístico.
Las reclamaciones, impulsadas por la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), parten del convencimiento de que la Ciudad Condal terminará por extinguir en noviembre del año 2028 las licencias del municipio y que, además, ocurrirá lo mismo en el conjunto de Cataluña, donde existen unas 100.000.
Enrique Alcántara, presidente de Apartur, y Marian Muro, directora general de la asociación, han indicado que el valor final de las reclamaciones podría superar los 3.000 millones de euros en Barcelona y los 7.000 millones en Cataluña.
Los afectados por la normativa de la Generalitat catalana que abre la puerta a la supresión de los pisos turísticos tienen hasta el próximo 8 de noviembre para presentar sus reclamaciones patrimoniales.
Los portavoces de Apartur han dicho que, si las reclamaciones no son aceptadas por la Generalitat, llevarán las peticiones de indemnizaciones ante la justicia ordinaria.
Apartur ve una expropiación de facto
«Llegaremos hasta el final. Se han vulnerado derechos como el de la propiedad privada. Se trata de la expropiación encubierta de un derecho», ha afirmado Muro.
Concretamente, la reclamación patrimonial se basa en la disposición transitoria segunda del decreto ley del Govern de Catalunya, que para Apartur «implica una expropiación de hecho de las licencias de pisos turísticos en el 2028″.
La expropiación sería ilegal, según su argumentario, por ser contraria a la ley española y a la europea, «que establecen que siempre debe existir el derecho de indemnización, que este no puede quedar en manos de la Administración o del legislador, y que las compensaciones deben ser de carácter económico».
Ante la falta de compensaciones económicas, los propietarios, aseguran, «tienen derecho a reclamar a la Generalitat el importe resultante de un cálculo sobre los gastos de los últimos cinco años y los beneficios que se obtendrían de continuar la actividad».
