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PSOE y PNV llegan a un acuerdo para reformar la Ley de Suelo en el Congreso, recuperando la propuesta retirada por el Ministerio de Vivienda

Este proyecto busca volver a presentar la ley que fue retirada anteriormente después de las tres enmiendas propuestas por Podemos, Junts y ERC.

PSOE y PNV llegan a un acuerdo para reformar la Ley de Suelo en el Congreso, recuperando la propuesta retirada por el Ministerio de Vivienda

El PSOE y el PNV han registrado conjuntamente una proposición de ley en el Congreso para reformar la Ley del Suelo, la cual el Gobierno no logró modificar anteriormente debido a la falta de apoyo parlamentario en la Cámara Baja.

Esta propuesta busca reintroducir la ley que previamente fue retirada tras enfrentarse a tres enmiendas de totalidad por parte de Podemos, Junts y Esquerra Republicana (ERC). El retiro se debió a la oposición del socio de Sumar y la falta de garantías de apoyo por parte del PP.

Para evitar el largo proceso de anteproyecto y consultas necesario para reintroducir la norma desde el Consejo de Ministros, el PSOE ha optado por colaborar con el PNV para presentar esta proposición de ley. El texto propuesto es prácticamente idéntico al proyecto original, con la única diferencia de que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística deben regirse «en los términos que dispongan las normativas autonómicas». Además, estos instrumentos podrán ser «modificados o sustituidos» según dichas normativas.

Es previsible que esta nueva propuesta no cuente con el apoyo de Sumar y Podemos, que consideran que el texto facilita el «pelotazo urbanístico» al limitar el efecto de las denuncias por defectos menores y subsanables en la planificación urbanística. Esta cuestión sigue presente en la nueva redacción de la ley.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en su borrador del proyecto remitido al Congreso, argumentó que el límite al efecto de las denuncias se estableció para combatir a los «chantajistas» que se aprovechan de la normativa vigente para presentar reclamaciones contra planificaciones urbanísticas, las cuales retiran tras llegar a un acuerdo económico.

Ambos documentos, tanto el inicial como la propuesta acordada entre PSOE y PNV, reconocen la naturaleza técnico-jurídica de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística y especifican una lista de defectos formales que podrían llevar a la nulidad del instrumento.

La nulidad podrá declararse por vicios formales o de procedimiento cuando la aprobación definitiva la realice un órgano «manifiestamente incompetente» o cuando haya un desconocimiento «total y absoluto» de los procedimientos legales.

Asimismo, se podrá declarar la nulidad si se omiten trámites esenciales como la evaluación ambiental, la información pública, la participación de otros órganos públicos en relación con informes preceptivos, o si falta la memoria o el documento equivalente requerido por la legislación. Sin embargo, los defectos no incluidos en este listado no resultarán en la nulidad absoluta del instrumento urbanístico y podrán ser subsanados posteriormente.

La reforma también propone que se pueda declarar la nulidad parcial de los instrumentos de ordenación cuando esta se pueda individualizar a un ámbito territorial específico o a otras determinaciones concretas. Se limita además que la nulidad de un instrumento implique la nulidad de todo el planeamiento de desarrollo, evitando así la denominada nulidad en cascada.

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