La nueva propuesta de informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda dice que la vivienda «es una materia de titularidad autonómica», por lo que el núcleo de su regulación y las políticas públicas encaminadas a hacer efectivo el derecho del artículo 47 de la Constitución corresponden «a cada una de las comunidades autónomas, que ejercen sus competencias conforme a la orientación política mayoritaria existente en ellas», según ha informado este lunes Europa Press.
El informe redactado por los vocales Enrique Lucas y José Antonio Ballestero, al que ha tenido acceso la agencia de noticias, señala que la actuación estatal se ha articulado «a través de los Planes Nacionales o de la intervención en este sector de la economía en momentos de grave crisis económica con medidas de carácter fiscal o con normas que afectan al mercado hipotecario, a los arrendamientos urbanos, al sobreendeudamiento de las familias, a la protección a los deudores hipotecarios, a los desahucios, a la propiedad horizontal o a la eficiencia energética».
Sin embargo, afirma que, mientras la competencia autonómica es sobre el conjunto de la materia de vivienda, la estatal «se vierte sobre esos otros aspectos». Por ello, «el anteproyecto ha de ceñirse al ámbito incidental de las competencias citadas», explica. «Puede ser una ley sobre las condiciones básicas del derecho de la vivienda y de medidas sobre su promoción y protección, o, como dice su título, una ley por el derecho a la vivienda, pero no, en puridad, ‘la ley de vivienda’ o ‘del derecho a la vivienda'», apunta.
El nuevo texto del CGPJ afea que se dé «un claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales, de problemático encaje en el orden constitucional de competencias», y añade que «limita y dificulta» la competencia en materia de viviendas a las autonomías.
Lucas y Ballestero comentan en su informe que el derecho a una vivienda digna y adecuada, si bien se reconoce en la Constitución, no se «define», y expresan que la jurisprudencia constitucional ha precisado que, al estar encuadrado en el Capítulo III del Título I de la Carta Magna, «no contiene un derecho subjetivo exigible ante los tribunales, sino una directriz constitucional que obliga a todos los poderes públicos a procurar su efectividad».
Por último, el CGPJ lanza en el informe, que será debatido este jueves, un mensaje al Gobierno de Pedro Sánchez recordándole que «el alcance de la función consultiva del Consejo General del Poder Judicial no depende ni del interés ni de la voluntad del órgano que solicita el informe», y dice que el Ejecutivo «carece de toda capacidad de disposición» porque ha de ceñirse a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya interpretación es la que se ha expuesto.
