El reciente anuncio del Gobierno, encabezado por la ministra Isabel Rodríguez, sobre la implementación de un sistema de registro para los alquileres de corta duración a través de una Ventanilla Única Digital, plantea una serie de interrogantes sobre hasta dónde debe llegar la intervención estatal en un sector tan dinámico como el inmobiliario. Si bien es cierto que los alquileres turísticos y temporales han crecido exponencialmente en los últimos años, también lo es que esta nueva normativa, que exige un número de identificación para operar, podría suponer un reto para los pequeños arrendadores y las plataformas digitales. La necesidad de transparencia es innegable, pero ¿se corre el riesgo de sobrecargar al sector con trámites y burocracia?
Puntos clave del Real Decreto
La Ventanilla Única Digital de Arrendamientos es una plataforma digital centraliza la transmisión de datos entre plataformas de alquiler de corta duración y las autoridades competentes. Se establece un registro único para arrendamientos, gestionado por el Registro de la Propiedad y el de Bienes Muebles, que asigna un número de registro a cada unidad de alquiler. Los arrendadores deben obtener un número de registro y proporcionar información detallada sobre sus unidades. Las plataformas deben garantizar la verificación y transmisión de datos a la Ventanilla Única.
La Ventanilla Única Digital se interconectará con el Registro de la Propiedad y el de Bienes Muebles, así como con las plataformas de alquiler, para facilitar la verificación y transmisión de datos. El número de registro tendrá una vigencia de doce meses, renovable bajo ciertas condiciones.
Objetivos claros, consecuencias inciertas
El principal objetivo del Real Decreto es perseguir el fraude de los alquileres supuestamente temporales que enmascaran un arrendamiento de vivienda habitual. La ministra Rodríguez asegura que este sistema permitirá diferenciar entre arrendamientos de temporada y aquellos de uso turístico, evitando así abusos. No obstante, surge la duda de si esta medida realmente responde a las necesidades de los usuarios o si podría terminar afectando a la oferta de alquileres disponibles. En un mercado tensionado como el español, imponer más trabas puede generar una reducción en la oferta de viviendas de corta duración, encareciendo aún más los precios para quienes buscan una solución temporal.
Control estatal
La creación de esta Ventanilla Única Digital coloca a España a la cabeza de la regulación europea en este ámbito, un hito que el Gobierno no ha dejado de destacar. Sin embargo, no deja de ser llamativo que, en un contexto donde el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas sociales, el foco se ponga sobre los alquileres de corta duración. ¿No sería más efectivo centrarse en medidas que promuevan una mayor oferta de viviendas a largo plazo, en lugar de añadir complejidades a los arrendamientos temporales?
Burocracia y pequeñas operaciones
Uno de los puntos más polémicos del Real Decreto es la necesidad de renovar el número de registro anualmente, proporcionando detalles sobre los contratos y la causa justificada de los arrendamientos de temporada:
Artículo 10. Verificación del número de registro.
El número de registro tendrá una vigencia de doce meses desde su obtención, pudiendo ser prorrogada en caso de constitución de uno o varios arrendamientos sobre la unidad durante ese período, siempre y cuando los mismos sean de la categoría y tipo para la cual ha sido asignado el número de registro. De no darse esta circunstancia, el número de registro no podrá ser renovado.
En la renovación deberá aportarse el modelo informativo de arrendamientos de corta duración aprobado por orden de la persona titular del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para cada categoría y tipo de arrendamiento, y que recogerá, al menos, un listado de los arrendamientos constituidos durante la vigencia del número de registro, así como la identificación de una de las finalidades descritas en el artículo 4.2.a) y que haya justificado el tipo de arrendamiento.
Si bien esto puede parecer un intento de transparencia, es posible que, en la práctica, sobrecargue a los pequeños propietarios con más trámites y documentos a presentar. Para aquellos que ofrecen una habitación o una vivienda de forma ocasional, el esfuerzo administrativo requerido podría hacerles replantearse si vale la pena seguir ofreciendo este servicio, lo que en última instancia podría reducir la disponibilidad de alojamientos para quienes realmente los necesitan.
El debate sobre la eficacia de la medida
Es innegable que la lucha contra el fraude es importante, pero no se puede ignorar que este tipo de regulaciones también pueden tener efectos contraproducentes. Al limitar y controlar de manera tan estricta el mercado de alquiler de corta duración, el Gobierno corre el riesgo de sofocar un sector que, bien gestionado, aporta dinamismo económico y opciones accesibles para muchos. ¿Es realmente la mejor vía imponer controles cada vez más rígidos, o sería más sensato buscar un equilibrio que permita la flexibilidad necesaria para que el mercado funcione sin perder de vista la protección de los derechos de los inquilinos?
En definitiva, el Real Decreto puede ser una herramienta útil, pero no está exento de generar un debate legítimo sobre los límites de la intervención estatal en un ámbito tan delicado como el acceso a la vivienda. La clave estará en encontrar un punto intermedio que garantice la transparencia sin ahogar a propietarios y usuarios en un mar de burocracia.
Artículo de opinión escrito por Laura Viloria, CEO & Co-Founder de Mike, el Asesor legal virtual del Mundo Inmobiliario
