La vivienda es uno de los pilares de la economía de España y, especialmente, de las personas mayores. Datos recientes aseguran que el 88,6% de las personas mayores de 65 cuentan con una vivienda en propiedad, cifra que se sustenta desde hace décadas. Por eso, se considera a este colectivo como el principal grupo de arrendadores del país.
Esta fortaleza no implica la ausencia de riesgos en este grupo de edad, sino que les convierte en el colectivo más vulnerable del mercado. Hablar de la gestión del alquiler supone un desafío para quienes buscan tranquilidad. Para muchos, el alquiler no es solo inversión, sino que resulta el complemento de su pensión para asegurar su estabilidad económica. Del mismo modo, la dificultad para gestionar procedimientos judiciales o administrativos y la inseguridad ante situaciones imprevistas, derivadas del alquiler, también se presentan como complejidades que requieren tiempo, energía y conocimientos para resolver conflictos con los inquilinos.
Son situaciones que en ocasiones suman una capa de tensión. Estas incidencias en la mayoría de las ocasiones se prolongan durante meses, pudiendo generar amenazas en la renta mensual para quienes supone ese complemento e incluso afectar a la calidad de vida de los que deberían disfrutar de ella.
A ello se suma la brecha generacional que acentúa la inestabilidad de la propiedad de la vivienda en los jóvenes. Mientras que la propiedad en mayores de 65 años se mantiene estable, las cifras de los grupos menores tienden a decrecer; de los 64 a los 45 años ha descendido un 5,6% y de forma más drástica se percibe en los grupos entre 44 y 30 años y menores de 30, con una caída del 14% en ambos.
Esto se produce en un contexto de encarecimiento de los precios de la vivienda, ascendiendo al 12,7% interanual en el segundo trimestre de 2025, al igual que el alquiler, con una subida del 2,6% y del 4,1% en los nuevos contratos. Al mismo tiempo, en este tiempo se está experimentando cambios de titularidad, siendo la mayoría de los casos por herencias que afectan a los propietarios de mayor edad.
Con todo ello, garantizar el cobro de los alquileres y soluciones jurídicas y administrativas adaptadas a todos los públicos y en especial a las personas mayores es una tarea imprescindible frente a esta realidad, dado que sostienen gran parte del mercado del alquiler. Proteger a estas personas es una responsabilidad social. Algunas de las medidas que se podrían implementar son el asesoramiento integral durante el inicio del arrendamiento, protección en casos de impago u ocupación o cobertura en los daños de la vivienda.
Si no garantizamos su adecuada protección, estaremos poniendo en riesgo su bienestar y, aún más, el mercado del alquiler.
Artículo de opinión firmado por Pedro Bretón, CEO de SEAG, Sociedad Española de Alquiler Garantizado
