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El Gobierno espera a 2022 para llevar al Consejo de Ministros la Ley de Vivienda

El anteproyecto no se llevará al último Consejo de Ministros porque deberá ser primero el organismo judicial el que de su visto bueno.

pedro sanchez fuente pool mocloa borja puig

La nueva Ley de Vivienda tendrá que esperar hasta 2022. El anteproyecto de la Ley no está previsto que se trate en Consejo de Ministros antes de 2022. El Gobierno de Pedro Sánchez está a la espera de un informe del Consejo General del Poder Judicial.

Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana confían en que el máximo organismo de los jueces se pronuncie pronto. Este retraso supone que la tramitación parlamentaria no se llevará a cabo antes del segundo semestre de 2022.

Según señaló Pedro Sánchez, después del Consejo de Ministros del 10 de diciembre, la nueva norma entraría regresaría a la reunión de ministros antes de final de año, promesa que, a vista de los acontecimientos, ha incumplido.

La Ley de Vivienda es una de las patas del acuerdo entre los socios de gobierno, Podemos y PSOE, para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Las principales características de la norma que pretende regular el sector residencial son: recargo de un 150% en la cuota líquida del IBI de las viviendas que estén vacías durante más de dos años para aquellos propietarios con un mínimo de 4 viviendas; declaración de zonas tensionadas a aquellas regiones con precios de alquiler alto; y limitaciones de precio para grandes tenedores.

Zonas tensionadas

Dentro del sector inmobiliario la norma no ha gustado y la mayoría de players se han posicionado radicalmente en contra. Asociaciones como Asprima o Asval aseguraron que este tipo de normas solo reducirán la oferta de viviendas disponibles para el arrendamiento.

Se considera zona tensionada aquella en la que la renta suponga más del 30% de los ingresos y el alquiler haya subido un 5% por encima del IPC autonómico, en los últimos cinco años.

Según la plataforma de Big Data de Brains Real Estate, la mayoría de zonas tensionadas se encuentran en Madrid, Barcelona y Costa del Sol. Aún así, tanto Andalucía como Madrid están gobernadas por el Partido Popular, que ya ha anunciado que no aplicará la nueva regulación. Previsiblemente, solo se declarará algunas zonas de Barcelona como zona tensionada.

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