La subida de los precios de las materias primas derivada de la guerra en Irán está teniendo un fuerte impacto sobre la contratación pública en España. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) advierte de que esta situación ha provocado que 1.130 licitaciones hayan quedado desiertas desde comienzos de año, con un valor conjunto superior a los 707 millones de euros.
La patronal del sector considera que el principal problema es la falta de actualización de los precios en los contratos públicos. Según explica, muchas empresas no pueden asumir el incremento de los costes y optan por no presentar ofertas o renunciar a ejecutar proyectos que resultarían económicamente inviables. Los datos fueron presentados por la organización durante una rueda de prensa, en la que también se alertó de un empeoramiento respecto a crisis anteriores. El ritmo al que las licitaciones están quedando sin adjudicatario ya supera el registrado tras el inicio de la guerra en Ucrania.
Aumentan las obras sin empresas interesadas
De acuerdo con el análisis realizado por la CNC, la media actual alcanza las 188 licitaciones desiertas cada mes. Esa cifra supone un incremento del 16% respecto al ritmo observado durante el anterior episodio de fuerte incremento de costes provocado por el conflicto en Ucrania. El impacto económico también resulta especialmente significativo. En apenas seis meses, el valor de las obras que no han podido ponerse en marcha asciende a más de 707 millones de euros. La comparación con el estudio anterior refleja la magnitud del problema. En aquel informe, que analizaba un periodo de doce meses, el importe de las licitaciones desiertas alcanzó los 882,6 millones de euros, por lo que el volumen registrado en la primera mitad de este año ya representa alrededor del 80% de esa cifra.
La mayor parte de los expedientes afectados corresponde a contratos de menor tamaño. En concreto, el 82% de las licitaciones desiertas tenían un presupuesto base inferior a los 500.000 euros. Sin embargo, la patronal subraya que el fenómeno no afecta únicamente a proyectos de pequeña dimensión. El importe medio de las licitaciones sin adjudicar ronda los 700.000 euros, lo que evidencia que también existen actuaciones de gran relevancia económica que no encuentran empresas dispuestas a ejecutarlas.
Entre esos proyectos figuran algunas actuaciones de elevada inversión. Destacan la construcción de una nave en El Prat, una actuación cercana a los 50 millones de euros, la nueva Ciudad de la Justicia de Valladolid, con un presupuesto de 35 millones, nuevas instalaciones de almacenamiento y conducciones de combustible en Cádiz por 32 millones, y una promoción de viviendas protegidas en Las Palmas de Gran Canaria valorada en más de 29 millones de euros.
Además de las licitaciones que han quedado completamente desiertas, la CNC identifica otro problema creciente en la contratación pública. Se trata de la escasa competencia entre empresas que concurren a los concursos públicos. Según el informe, se han detectado 1.877 procedimientos con una participación insuficiente. En estos casos, los concursos registraron una única oferta o directamente ninguna propuesta presentada. Dentro de ese conjunto destacan 747 licitaciones en las que solo participó una empresa. Para la organización, esta falta de competencia también refleja las dificultades económicas que atraviesa el sector.
Andalucía concentra uno de cada cuatro contratos desiertos
El informe también analiza la distribución territorial del problema. Andalucía encabeza la clasificación con 284 licitaciones desiertas, lo que representa el 25,1% del total registrado en España. Cataluña ocupa la segunda posición con 199 expedientes, equivalente al 17,6% del total nacional. A continuación aparecen la Comunidad Valenciana, con 127 licitaciones desiertas, y Extremadura, con 106. Entre estas cuatro comunidades autónomas concentran más del 63% de todos los contratos públicos que han quedado sin adjudicar durante el periodo analizado. La patronal considera que esta concentración refleja la extensión del problema en buena parte del territorio nacional.
Ante este escenario, la Confederación Nacional de la Construcción ya ha trasladado su preocupación al Gobierno mediante el envío de varias cartas. En ellas solicita medidas que permitan compensar el incremento de los costes de producción que soportan las empresas. La organización también reclama cambios en la Ley de Contratos del Sector Público y en la Ley de Desindexación. Su objetivo es que los contratos puedan incorporar mecanismos automáticos de revisión de precios cuando se produzcan fuertes variaciones en los costes de las materias primas. Desde la patronal de la construcción defienden que esta medida contribuiría a garantizar la viabilidad económica de los proyectos. También evitaría que numerosas obras públicas y privadas continúen paralizadas o sean abandonadas por la imposibilidad de ejecutarlas sin pérdidas.
