El PSOE confirmó este martes que no se opondrá a la toma en consideración de la proposición de ley de Sumar que plantea reformar la Ley de Vivienda para impedir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan adquirir viviendas en España. La iniciativa defiende que la compra por parte de estos actores se ha duplicado en comparación con los niveles del pico de la burbuja de 2008.
En el turno de posicionamientos, ERC, Bildu y BNG mostraron una postura favorable a la propuesta, considerándola un instrumento útil para intervenir en el mercado en zonas tensionadas y limitar la actividad de grandes tenedores.
Por su parte, PNV y Junts trasladaron una posición crítica, advirtiendo de que la medida podría suponer una limitación “ilimitada” y difícil de encajar en el marco jurídico actual. Desde el PNV, Maribel Vaquero señaló que no se trata de una restricción puntual ni acotada en el tiempo o en el territorio, sino de un cambio de alcance general que plantea dudas legales.
En la derecha parlamentaria, PP y Vox rechazaron la iniciativa. El PP consideró que prohibir que personas jurídicas adquieran vivienda no resolverá los problemas del mercado residencial y calificó la propuesta como una medida “disparatada”. Vox alertó de que las cláusulas planteadas implicarían “de facto” acabar con la inversión en el sector y defendió que la reforma supondría “el fin del parque inmobiliario”.
