El Defensor del Pueblo ha reclamado un aumento del parque de viviendas con protección pública y ha defendido que estos inmuebles se destinen preferentemente al alquiler frente a la venta. Así lo recoge el documento monográfico ‘La efectividad del derecho a una vivienda digna y adecuada. Un problema social crítico’, registrado este martes en las Cortes Generales, en el que la institución plantea un total de 35 recomendaciones dirigidas a las administraciones públicas para mejorar el acceso a la vivienda.
El informe es el resultado de una investigación de oficio iniciada en junio de 2025, ante el incremento de las quejas ciudadanas relacionadas con las dificultades para acceder a una vivienda. Para elaborar el documento, el Defensor del Pueblo se ha dirigido al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a las 17 comunidades autónomas, a Ceuta y Melilla y a los diez ayuntamientos de los municipios más poblados de España.
Entre sus principales conclusiones, la institución considera necesario que las administraciones actúen «con mayor determinación» a la hora de diseñar y poner en marcha políticas públicas de vivienda. También reclama que estas medidas cuenten con una financiación suficiente, una mayor dotación presupuestaria y una coordinación entre las distintas administraciones que permita mantenerlas en el tiempo.
Más vivienda protegida y prioridad para el alquiler
Uno de los puntos centrales del documento es la necesidad de ampliar el parque de viviendas de protección pública, con precios máximos tanto de venta como de alquiler. El Defensor del Pueblo considera que disponer de una oferta suficiente de este tipo de inmuebles es un instrumento «fundamental» para que más personas puedan acceder a una vivienda en condiciones económicas asequibles.
La institución advierte, además, de un problema relacionado con la pérdida de viviendas protegidas cuando, con el paso de los años, caducan las calificaciones que mantienen su carácter protegido. Esta reducción del parque público constituye, según el informe, «uno de los obstáculos más relevantes» para garantizar el acceso a la vivienda, por lo que considera necesario evitar que estas viviendas dejen de cumplir esa función. El documento también destaca que una oferta pública suficiente puede contribuir a regular el mercado inmobiliario y moderar la evolución de los precios. En concreto, señala que este parque puede actuar como un «factor regulador», especialmente durante los periodos de subida de precios, al ofrecer una alternativa que compita con la vivienda libre.
En cuanto al destino de estos inmuebles, el Defensor del Pueblo apuesta por dar prioridad al alquiler público, especialmente para quienes atraviesan una situación de emergencia residencial o cuentan con ingresos más reducidos. Dentro de estos grupos, reclama una atención especial a las familias con menores, sobre todo las monoparentales, las víctimas de violencia de género, los jóvenes, las personas con discapacidad y las personas mayores. Asimismo, el informe pide adoptar «medidas específicas extraordinarias» para proteger a las personas vulnerables que pueden perder su vivienda al no poder afrontar una subida del precio del alquiler. El objetivo es evitar que estas situaciones terminen provocando exclusión social.
Incentivos al alquiler asequible y límites a los pisos turísticos
Junto al incremento de la vivienda pública, el Defensor del Pueblo propone facilitar que las viviendas privadas que permanecen vacías puedan incorporarse al mercado del alquiler asequible. Para conseguirlo, plantea utilizar herramientas como los incentivos fiscales, los acuerdos de cesión de viviendas con grandes tenedores y los programas de intermediación en el mercado del alquiler.
La institución también contempla una solución económica para quienes tienen mayores dificultades para acceder a una vivienda mientras se desarrollan las políticas necesarias para ampliar la oferta pública y social. En este sentido, propone estudiar la posibilidad de conceder «una prestación económica subsidiaria» que permita a estos colectivos afrontar el coste de un alquiler en el mercado, siguiendo el ejemplo de algunas comunidades autónomas que ya han adoptado medidas de este tipo.
Otra de las recomendaciones pasa por aumentar la construcción y la oferta de viviendas en aquellas zonas donde exista una necesidad específica. El informe defiende impulsar nuevas edificaciones, pero siempre de acuerdo con el principio de desarrollo urbano sostenible.
Por último, el documento aborda el impacto de los alquileres turísticos en determinados municipios y territorios. El Defensor del Pueblo considera necesario establecer «medidas de limitación» de esta actividad en aquellos lugares donde su crecimiento esté perjudicando la oferta de viviendas destinadas a residencia habitual o favoreciendo la gentrificación de las ciudades.
