El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado una investigación a distintas inmobiliarias que operan en el mercado del alquiler en España. Estas empresas estarían cobrando comisiones a los inquilinos por la gestión de los arrendamientos y, en algunos casos, firmando contratos temporales sin justificación de dicha temporalidad, lo que podría constituir una violación de la Ley de Vivienda.
La investigación ha sido formalmente abierta por la Dirección General de Consumo, tras recibir múltiples denuncias por parte de asociaciones de consumidores que alertaban de estas prácticas. Según ha podido constatar el organismo, varias empresas inmobiliarias estarían trasladando los costes de la gestión del alquiler a los inquilinos.
La normativa actual, promulgada en 2023, prohíbe que los inquilinos asuman los gastos de gestión inmobiliaria y la formalización de los contratos de arrendamiento. Además, la firma de contratos temporales sin que la temporalidad esté debidamente justificada también infringe las disposiciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos. El Ministerio ha subrayado que la vivienda es un derecho fundamental, y cualquier cláusula que vulnere los derechos de los inquilinos, incluidos cobros indebidos, será considerada una infracción grave.
El Ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, recuerda que estas acciones pueden estar también tipificadas como abusos en virtud de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Las infracciones relacionadas con la imposición de condiciones no solicitadas, el incumplimiento de las normas de precios y las prácticas comerciales desleales podrían ser sancionadas con multas de hasta 100.000 euros. En los casos más graves, las multas podrían llegar a ser entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. Asimismo, la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos podría ser considerada una falta muy grave, con sanciones que alcanzarían hasta un millón de euros, o entre seis y ocho veces el beneficio obtenido.
Además, entre otras prácticas abusivas, se han identificado situaciones en las que los inquilinos son obligados a pagar fianzas desproporcionadas, asumir garantías adicionales o adelantar mensualidades no justificadas.
Las principales empresas de gestión de alquiler temen que esta medida forme parte de una estrategia gubernamental para eliminar la intermediación profesional en el mercado del alquiler. Empresas como Alquiler Seguro, Agencia Negociadora del Alquiler y Renta Garantizada han expresado su preocupación por lo que perciben como una «maniobra» por parte del gobierno para limitar su papel en el sector.
Según fuentes del sector, el conflicto radica en una interpretación distinta de la Ley de Vivienda. Mientras que la normativa establece que «los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador», las inmobiliarias alegan que los servicios que prestan a los inquilinos, como la atención continua o la gestión de suministros, justifican los cargos adicionales que aplican.
