El Consejo de Europa ha admitido a trámite la reclamación presentada por UGT contra España por no garantizar el derecho a la vivienda. La decisión fue adoptada por unanimidad por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), el órgano encargado de supervisar el cumplimiento de la Carta Social Europea.
El sindicato presentó la queja el 17 de octubre de 2024, alegando que España incumple varios artículos de la Carta Social Europea (CSE). El país está vinculado a esta Carta desde el 1 de julio de 2021. UGT sostiene que se vulneran derechos fundamentales como el acceso a la vivienda y la protección de familias, niños y jóvenes.
En concreto, la denuncia incluye seis artículos de la CSE. Entre ellos, se encuentran el derecho a la vivienda, la protección social y jurídica de las familias, y la atención a los trabajadores migrantes y sus familias. También se menciona la protección frente a la pobreza y la exclusión social, así como la prohibición de la discriminación.
El Comité Europeo de Derechos Sociales ha solicitado al Gobierno español que presente alegaciones por escrito sobre el fondo de la queja antes del 16 de febrero de 2026. Posteriormente, se pedirá a UGT que responda a esas alegaciones en un plazo que determinará el Comité. La queja colectiva será analizada y el CEDS se pronunciará sobre ella en una fecha futura, según indicó el Consejo de Europa.
Las alegaciones de UGT
El sindicato argumenta que la falta de vivienda social y los altos precios del mercado privado dificultan el acceso asequible a una vivienda digna. Este problema afecta especialmente a los jóvenes, trabajadores con bajos salarios e inmigrantes. UGT considera que el marco legal vigente no garantiza un derecho real a la vivienda, sino que lo plantea solo como un principio de política social y económica.
Además, critica el plazo de 20 años fijado por la ley para alcanzar un parque mínimo de vivienda pública destinado a políticas sociales. El sindicato lo califica de irrazonable y carente de objetivos inmediatos que permitan medir avances concretos. Según UGT, esto demuestra que el Estado no está ofreciendo soluciones efectivas a los grupos más vulnerables.
