Ayer mismo, Pedro Sánchez volvió a mencionar la prórroga de la limitación de subidas del alquiler al 2%, una medida aprobada en marzo por el Ejecutivo cuyo objetivo es atajar los estragos de la inflación derivada del contexto actual. Hace un par de días, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), que representa a más de 4.000 asociados, por su parte, anunció que estudiaría medidas legales para que los propietarios pudieran reclamar compensaciones al Estado dado el perjuicio económico en que se traduce esta decisión política en el bolsillo de los propietarios.
¿Sería posible que el equipo de Sánchez replanteara estas medidas sin perjudicar a ninguno de los bandos implicados? Tras confirmarse la extensión de estas medidas extraordinarias, ASVAL ha preguntado a sus asociados si estarían dispuestos a solicitar estas compensaciones al Estado. El resultado ha sido claro: más de 1.000 propietarios sí están dispuestos a solicitar compensaciones al Estado. Más del 95% de los socios de ASVAL consultados coinciden. Consideran, explica la asociación, que es injusto que no se establezcan ayudas para ellos y sí para otros sectores afectados por las medidas para paliar los efectos de la inflación.
La limitación al 2% a la subida del alquiler se ha prorrogado durante seis meses más, según lo acordado en el Consejo de Ministros extraordinario celebrado el pasado sábado, que sirvió para renovar las medidas económicas destinadas a reducir los efectos de la inflación.
Los propietarios, según el real decreto que contenía la medida, no podrían aumentar el precio del alquiler de un inmueble por encima de la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad (IGC). El INE, sin embargo, sitúa el dato en un 4,05% entre el periodo que va desde abril 2021 hasta abril 2022, y no en el 2% al que lo limita esta herramienta.
ASVAL, que supera los 4.000 asociados, la mayoría de los cuales son personas particulares, cuestiona en este punto que el Gobierno no establezca, a su vez, compensaciones a los propietarios de los inmuebles ante el perjuicio económico que esta decisión política conlleva. ¿Por qué unos sectores sí y otros no? Es la pregunta que subyace en las declaraciones de María Andreu, la directora general de la asociación, quien opina que «el impacto de estos cambios supondrá una presión financiera para los propietarios independientes. Las empresas de otros sectores, como los proveedores de energía, han recibido ayudas del gobierno para aliviar el impacto de estos cambios; por lo tanto, simplemente pedimos que nuestro sector sea tratado de forma justa y de la misma manera que los demás».
La asociación se opone a esta medid aprobada inicialmente con una limitación a tres meses y señala que «corre el riesgo de convertirse en una limitación permanente mientras se mantengan las altas tasas de inflación».
¿Cuál es la situación de los propietarios de inmuebles?
El colectivo de propietarios, sensible al complicado panorama que atraviesan muchos inquilinos en materia económica, según ASVAL, no repercute la totalidad de la subida, sino que opta por ajustes más moderados del alquiler.
Con esta limitación, la asociación entiende que se produce «una transferencia de renta de los propietarios a los inquilinos injustificada», sin dejar por ello de sufrir los rigores de la inflación en su actividad inmobiliaria, un efecto que no pueden trasladar a los precios, pese a que la Ley de Arrendamientos Urbanos que rige este mercado sí contempla tal posibilidad.
ASVAL recuerda que este colectivo, el 95% del cual asegura que son «pequeños propietarios«, también hace frente actualmente al incremento de los costes vinculados a la propiedad de sus viviendas. La asociación critica que «no es justo que no pueda ser trasladado en parte al precio del alquiler«.
Otras medidas como el Proyecto de Ley de Vivienda o la ley catalana que ampara la ocupación ilegal, al igual que en esta limitación, tiene un efecto concreto: trasladan a los propietarios la responsabilidad propia del sector público de atender el problema social de la vivienda sin recibir ningún tipo de compensación al respecto.
Por este motivo, ASVAL ha estudiado qué acciones legales pueden llevarse a cabo para reclamar compensaciones al Estado por esta intervención que la asociación tacha de «inasumible» en las rentas. Próximamente, la entidad tomará una decisión. Cualquier propietario de vivienda en alquiler en España puede adherirse a ella, sin necesidad de asociarse a la asociación.
Si la oferta de residencial en alquiler ya es un problema palpable, este marco no hace sino empeorar el panorama, vislumbran desde ASVAL. La situación que pretende evitarse en este punto es, precisamente, que los propietarios prefieran dejar sus inmuebles vacíos o venderlos, o que estén menos dispuestos y capacitados para llevar a cabo la rehabilitación de la vivienda que alquilan.
ASVAL insiste: la creciente inseguridad jurídica en el mercado del alquiler seguirá reduciendo la oferta de vivienda. Esta reducción, que agrava el problema de acceso a la vivienda, todavía será mayor en el contexto actual. Empeorar las condiciones de financiación para la compra de residencial provocará una fuerte demanda de residencial en alquiler, pero con medidas como la limitación, la puesta en el mercado de pisos en alquiler se reduce notablemente, lo que imposibilita, aseguran, el acceso a la vivienda a los colectivos vulnerables.
