El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (Cgcafe) ha advertido de un «desfase» entre los objetivos del Plan Estatal de Vivienda y la situación real de la rehabilitación energética en el país. La organización cuestiona que, tal y como está planteado el sistema actual, España pueda cumplir los compromisos europeos de eficiencia energética y descarbonización en el parque residencial.
En paralelo, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (Cscae) ha señalado que en 2025 se produjo un repunte de la actividad rehabilitadora, con 55.558 viviendas visadas. Sin embargo, la cifra sigue lejos del objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), que fijaba 96.000 viviendas rehabilitadas en el ejercicio anterior.
El Gobierno prevé reforzar este ámbito con el Plan Estatal de Vivienda 2026, que contempla ayudas de hasta 20.500 euros por vivienda para eficiencia energética, 13.000 euros para accesibilidad y 8.000 euros para actuaciones estructurales. Aun así, los administradores de fincas consideran estas medidas «necesarias», pero «insuficientes» si no se corrigen otros problemas de fondo.
Brecha entre objetivos políticos y capacidad real de ejecución
Desde el Cgcafe se insiste en que el principal problema no es la falta de ayudas, sino la dificultad para hacerlas efectivas. «Es imprescindible simplificar los procedimientos administrativos y facilitar el acceso a las ayudas para que las comunidades de propietarios puedan abordar las actuaciones necesarias», ha defendido el tesorero del organismo, Peio Mendia. El representante también ha reclamado mayor implicación institucional y una mejor coordinación entre administraciones públicas, al considerar que la falta de coherencia entre normativas ralentiza cualquier intento de mejora en los edificios.
Entre los obstáculos más frecuentes, los administradores de fincas señalan la complejidad en la tramitación de subvenciones, los constantes cambios normativos, la escasez de financiación accesible para comunidades de vecinos y una baja concienciación social sobre la importancia de rehabilitar. A estos factores se suma, según el sector, un déficit de profesionales especializados capaces de afrontar el volumen de intervenciones necesarias en los próximos años. Todo ello, advierten, dificulta avanzar al ritmo exigido por los objetivos europeos.
El reto es especialmente ambicioso: alcanzar en 2035 una calificación energética mínima de clase D en todo el parque edificado. Para los administradores, con las condiciones actuales, ese objetivo se percibe todavía lejano.
Propuestas para acelerar la rehabilitación energética
Ante este escenario, el Cgcafe ha puesto sobre la mesa un paquete de propuestas para dinamizar la rehabilitación. Entre ellas destaca la idea de establecer la obligatoriedad legal de acometer mejoras de eficiencia energética en edificios plurifamiliares sujetos a propiedad horizontal. También proponen que el Libro del Edificio Existente (LEE) sea obligatorio antes del 31 de diciembre de 2027, como herramienta clave para conocer el estado real de los inmuebles y planificar intervenciones con mayor precisión. Otra de las peticiones pasa por adaptar la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar la toma de decisiones en comunidades de propietarios, un punto que actualmente supone uno de los principales bloqueos para ejecutar obras.
En el ámbito económico, el sector reclama deducciones fiscales por rehabilitación energética, bonificaciones en tasas de licencias, un IVA reducido para este tipo de actuaciones y la creación de cuentas de ahorro específicas para la mejora de viviendas. Además, plantean dar un trato preferente a los créditos destinados a rehabilitación. Entre las medidas estructurales, el Cgcafe propone la creación de un fondo económico obligatorio para anticipar recursos destinados a futuras obras. También sugieren que cualquier reforma de gran alcance en edificios tenga como requisito unos estándares mínimos de eficiencia energética, evitando así perpetuar construcciones obsoletas.
Finalmente, el organismo apuesta por reforzar la formación y la definición de nuevas figuras profesionales, como el agente rehabilitador o el gestor de comunidades energéticas, considerados perfiles clave en la transición hacia un modelo inmobiliario más sostenible.
