La última jornada profesional de SIMA 2025 ha estado centrada en el intercambio de buenas prácticas en el desarrollo urbanístico y en el impulso de soluciones habitacionales más eficientes y viables. Bajo el marco de ‘Best Practices Forum’, Administraciones públicas y profesionales del sector han coincidido en que es imprescindible abordar una profunda revisión del modelo actual de planeamiento y gestión del suelo.
La jornada ha puesto de manifiesto la creciente complejidad normativa en materia urbanística. En los últimos siete años, se han aprobado más de 149 nuevas normas y cerca de 400 modificaciones legislativas, lo que ha generado un entorno de gran inseguridad jurídica para promotores e inversores. La dispersión y heterogeneidad de los cambios legislativos ha sido señalada como uno de los principales obstáculos para activar suelo y desarrollar vivienda en plazos razonables.
Entre las propuestas más respaldadas por los ponentes, destaca la necesidad de racionalizar la estructura de los municipios y reforzar sus equipos técnicos, dotar de más medios a la Justicia para evitar procesos administrativos que superen los tres meses, unificar los criterios técnicos para elaborar informes y documentos urbanísticos, e instaurar la figura de un «tutor único» por proyecto que agilice los procesos desde su inicio hasta la concesión de licencias.
Asimismo, se ha insistido en la necesidad de dejar de legislar vía decretos ley, una práctica que, según los expertos, genera efectos perniciosos en el desarrollo del suelo y prolonga innecesariamente los plazos. También se ha reclamado una revisión profunda del sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración, ya que el temor a asumir decisiones técnicas por parte de los funcionarios está afectando directamente a la activación de nuevo suelo.
En paralelo, se ha celebrado la jornada organizada por la Asociación de Gestoras de Viviendas (AGV), centrada en los retos del modelo de vivienda protegida. Juan José Perucho, presidente de la AGV, ha subrayado la contradicción de un sistema que combina suelo libre con precios limitados por la vivienda protegida, señalando que «estamos interviniendo el mercado sin reformular el modelo, y eso está generando tensiones que afectan directamente a la disponibilidad y viabilidad del suelo».
Ambas jornadas han coincidido en la necesidad de repensar el marco normativo y operativo que rige actualmente el desarrollo residencial en España. La presión creciente sobre el mercado del suelo, la inseguridad jurídica derivada del exceso normativo y la falta de coherencia en la política de vivienda requieren de una estrategia coordinada y ambiciosa que permita modernizar y reactivar el sector de forma sostenible.
SIMA 2025 concluirá mañana, 24 de mayo, con su última jornada centrada en el comprador final.
