La Comunidad de Madrid ingresó casi 16,7 millones de euros por la venta del edificio público situado en el número 21 de la calle Vía Lusitana, en el distrito de Carabanchel, pero acabó desembolsando 26,8 millones para continuar utilizando sus instalaciones, como recoge El País. La operación, realizada en 2014 durante el Gobierno de Ignacio González, ha dejado un balance negativo de más de diez millones de euros para las arcas autonómicas, después de que la Administración mantuviera el inmueble como arrendataria durante más de una década.
En concreto, la venta se cerró por 16.697.835,73 euros, mientras que el gasto total destinado al alquiler ascendió a 26.825.490 euros hasta julio de 2026, cuando finalizó el contrato. La diferencia entre ambas cantidades refleja el coste de desprenderse de una propiedad pública y continuar pagando por disponer de ella: Madrid terminó abonando una cantidad muy superior a la que había recibido inicialmente.
Durante todos esos años, el edificio siguió prestando servicio a la Administración autonómica. La Consejería de Economía, Empleo y Hacienda utilizaba sus dependencias para tareas de archivo, actividades de formación y atención a los ciudadanos, por lo que la venta no supuso una salida inmediata de las instalaciones, sino un cambio en su titularidad y en las condiciones económicas de su utilización.
Ocho edificios vendidos y más de 101 millones destinados a alquileres
El caso de Vía Lusitana 21 no constituye un episodio aislado, sino que forma parte de una estrategia inmobiliaria impulsada durante los años posteriores a la crisis económica. En un contexto de dificultades financieras y necesidad de obtener liquidez, el Gobierno regional optó por vender varios de sus inmuebles para conseguir ingresos inmediatos, aunque mantuvo su actividad en buena parte de ellos mediante contratos de arrendamiento.
La operación se desarrolló principalmente entre 2013 y 2015, durante la etapa de Ignacio González al frente de la Comunidad de Madrid. En total, la Administración autonómica obtuvo 128.469.345,72 euros por la venta de ocho edificios, pero posteriormente tuvo que destinar 101.539.935 euros al pago de los alquileres de esas mismas propiedades. Esta cantidad representa aproximadamente el 79% de los ingresos conseguidos con las compraventas. Dicho de otro modo, de cada 100 euros que entraron en las arcas públicas por desprenderse de estos inmuebles, cerca de 79 han terminado regresando a los propietarios en forma de rentas, mientras la Comunidad perdía definitivamente la titularidad de los edificios.
El balance varía dependiendo de cada inmueble. Uno de los ejemplos más ajustados es el de Madrazo 34, donde la diferencia entre el dinero obtenido por la venta y el desembolsado posteriormente en alquileres se sitúa en apenas 12.241 euros. En cambio, los tres contratos correspondientes a edificios de la Gran Vía, que finalizaron entre 2018 y 2024, dejaron un resultado favorable para la Administración regional.
Tres contratos siguen generando gastos para la Comunidad
Aunque el arrendamiento de Vía Lusitana 21 terminó en julio de 2026, la factura de aquella política inmobiliaria todavía no está cerrada. La Comunidad de Madrid mantiene compromisos de alquiler en otros tres inmuebles que también fueron vendidos durante aquella etapa, por lo que el dinero destinado a las rentas seguirá aumentando y reducirá la diferencia entre los ingresos iniciales y los gastos acumulados.
Los contratos de los edificios de Madrazo 34 y Embajadores 181 continúan vigentes hasta finales de 2027. Más prolongada es la situación de la sede situada en Carrera de San Jerónimo 13, próxima al Congreso de los Diputados, cuyo arrendamiento está previsto hasta 2032. Este último inmueble presenta un margen especialmente reducido. La diferencia entre el importe que se obtuvo por su venta y el dinero que ya se ha pagado por utilizarlo es de aproximadamente 145.000 euros, pese a que todavía quedan alrededor de cinco años de contrato, por lo que los próximos pagos podrían hacer que el gasto supere también los ingresos iniciales.
El resultado global de las ocho operaciones deja, por ahora, una diferencia de casi 26,9 millones de euros entre lo ingresado por las ventas y lo abonado en alquileres. Sin embargo, esa cantidad continuará disminuyendo mientras permanezcan activos los contratos pendientes.
