La huelga general de 24 horas para reclamar mejoras en materia de vivienda y salarios ya tiene fecha: será el próximo 11 de noviembre. Así lo ha confirmado en TVE el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien ha señalado que el día ha sido acordado por su organización y CCOO, a la espera de cerrar los últimos detalles con el Sindicato de Inquilinas y el resto de colectivos que pretenden sumarse a la movilización. La fecha se ha conocido antes de la reunión prevista para este miércoles por la tarde, a las 19.00 horas, en la que estaba previsto concretar el día de la protesta.
La propia Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) también había previsto plantear el 11 de noviembre como fecha para el paro. De esta forma, las principales organizaciones implicadas coinciden en el calendario de una movilización que pretende situar el problema de la vivienda en el centro del debate público.
Una protesta vinculada al precio de la vivienda y los salarios
CCOO y UGT anunciaron el pasado lunes su intención de convocar una huelga general de 24 horas para reclamar, entre otras cuestiones, salarios que permitan mantener un nivel de vida digno y un acceso más asequible a la vivienda. La decisión llegó después de que el Congreso de los Diputados rechazara el pasado viernes los reales decretos-leyes relacionados con la vivienda.
Esas medidas fueron aprobadas de nuevo por el Consejo de Ministros este martes, aunque con algunas modificaciones. Sin embargo, la situación política condiciona ahora su tramitación, ya que las Cortes han quedado disueltas después de la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. La responsabilidad de decidir sobre la convalidación de ambos decretos queda en manos de la Diputación Permanente. Según la información facilitada, todo apunta a que únicamente uno de ellos podrá salir adelante.
Para los sindicatos convocantes, la dificultad para acceder a una vivienda está directamente relacionada con la situación económica de muchos trabajadores. Pepe Álvarez ha defendido que los incrementos salariales acordados mediante los convenios colectivos pierden parte de su efecto cuando el coste de la vivienda aumenta hasta niveles que dificultan afrontar los gastos habituales.
El secretario general de UGT ha explicado que la movilización pretende poner el foco en un problema que, a su juicio, lleva tiempo dificultando que muchas personas puedan vivir con dignidad. En este contexto, considera que la vivienda termina absorbiendo buena parte de las mejoras salariales conseguidas mediante la negociación colectiva. También ha señalado a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos como administraciones con competencias relevantes en materia de vivienda, aunque ha defendido igualmente la responsabilidad del Gobierno central a la hora de impulsar cambios legislativos. Entre las medidas reclamadas por UGT figura que los denominados fondos buitre dejen de participar en la especulación inmobiliaria.
Otra de las reivindicaciones pasa por limitar, al menos a corto y medio plazo, el incremento de los alquileres para evitar que alcancen precios que los inquilinos no puedan asumir. La intención de los sindicatos es que la protesta sirva para reclamar actuaciones frente a un problema que consideran cada vez más difícil de afrontar con los ingresos actuales.
Críticas de la patronal y dudas sobre la convocatoria
La huelga del 11 de noviembre será la primera huelga general convocada por CCOO y UGT desde 2012 y también la primera de este tipo durante los gobiernos de Pedro Sánchez. El anuncio ha provocado críticas por parte de las organizaciones empresariales, que consideran que la movilización tiene un componente político y electoral. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha cuestionado que la convocatoria responda a motivos estrictamente laborales y ha planteado incluso dudas sobre su legalidad. En la misma línea, algunos sindicatos han decidido no respaldar el paro, entre ellos CSIF, que ha señalado la existencia de lo que considera «indicaciones políticas» detrás de la protesta.
Frente a estas críticas, Pepe Álvarez ha defendido que la huelga es plenamente constitucional. En declaraciones a TVE, el dirigente sindical ha rechazado que pueda calificarse de ilegal y ha recordado que en España se han producido numerosas huelgas sin que, según sus palabras, se haya declarado ilegal ninguna de ellas.
