El Ayuntamiento de Guadalajara ha puesto en marcha el procedimiento para vender una parcela municipal destinada exclusivamente a la construcción de viviendas de precio tasado. El terreno se encuentra en el desarrollo urbanístico SUE-24, junto a la avenida del Atance y la calle Zaragoza, y sale a concurso con un precio mínimo de 1.931.923,92 euros, sin incluir los impuestos.
La parcela, identificada en el expediente como RM-2, dispone de 1.216,44 metros cuadrados de superficie neta. Sobre este suelo está prevista una edificabilidad residencial de 5.777,50 metros cuadrados, a la que se suman otros 200 metros cuadrados que podrán dedicarse a actividades terciarias o comerciales. El objetivo de la operación municipal no es únicamente obtener ingresos por la venta del terreno. La empresa que resulte adjudicataria tendrá que desarrollar una promoción sometida a protección pública y deberá ajustarse a una serie de condiciones relacionadas tanto con el proyecto como con los plazos de ejecución.
Las compañías interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 23 de septiembre a las 23:59 horas. La adjudicación se realizará mediante un concurso en el que se valorarán tanto la cantidad ofrecida por la parcela como las características del anteproyecto presentado.
Un suelo municipal con capacidad para una promoción residencial
El terreno está situado en la zona norte de la unidad de actuación SUE-24 y aparece identificado como RM-2, en el Vial 01, con vuelta a la avenida del Atance. El ámbito urbanístico corresponde a la calle Zaragoza número 55, mientras que la certificación de tasación toma como referencia la dirección avenida del Atance número 12. Según la documentación del procedimiento, se trata de suelo urbano residencial cuya propiedad corresponde íntegramente al Ayuntamiento de Guadalajara. La parcela tiene forma trapezoidal y está destinada a viviendas multifamiliares que deberán quedar sometidas a algún régimen de protección.
La superficie de la parcela no determina por sí sola el tamaño final de la promoción. Gracias a la edificabilidad asignada por el planeamiento, los 1.216,44 metros cuadrados de suelo permitirán desarrollar 5.777,50 metros cuadrados destinados a viviendas, además de los 200 metros cuadrados previstos para usos terciarios o comerciales.
El concurso tampoco establece de antemano cuántas viviendas deberán construirse. El número dependerá del anteproyecto que presente cada empresa y de la forma en que organice la superficie disponible, siempre respetando las condiciones urbanísticas y las exigencias vinculadas a la protección pública.
Una horquilla de precio y un concurso que también valora el proyecto
El Ayuntamiento ha fijado en 1.931.923,92 euros el importe mínimo que podrá ofrecerse por la parcela, una cantidad que coincide con el valor de tasación del terreno. La valoración sitúa el precio unitario del suelo en aproximadamente 1.588,18 euros por metro cuadrado. El procedimiento establece también un límite máximo para las ofertas económicas, situado en 3.037.274,39 euros. Cualquier propuesta que se encuentre por debajo del mínimo establecido o supere ese máximo quedará descartada.
Pero ofrecer más dinero no garantiza por sí mismo la adjudicación. La valoración del concurso reserva 55 puntos para la oferta económica y otros 45 para el anteproyecto de la promoción, de manera que la calidad de la propuesta tendrá un peso importante en la decisión final. La empresa que presente la mayor oferta económica admitida obtendrá los 55 puntos correspondientes a este apartado. En el extremo contrario, quien ofrezca exactamente el precio mínimo de 1,93 millones de euros no sumará puntos por la parte económica.
El adjudicatario tendrá que construir y vender las viviendas como protegidas
Una de las principales condiciones de la operación es que la parcela no podrá destinarse a vivienda libre. La empresa que se haga con el suelo deberá utilizarlo para construir viviendas de precio tasado y comunicar al Ayuntamiento los trámites correspondientes para obtener la calificación provisional y definitiva de la promoción. Las viviendas y sus elementos vinculados, como los anejos, tendrán que comercializarse respetando los precios establecidos por la normativa autonómica de vivienda. Además, los compradores deberán cumplir los requisitos exigidos para poder acceder a este tipo de vivienda protegida.
Estas limitaciones deberán quedar reflejadas expresamente en la documentación de la promoción. En concreto, tendrán que figurar tanto en la declaración de obra nueva como en las escrituras de compraventa y en las transmisiones que puedan producirse posteriormente. El concurso fija asimismo un calendario para evitar que la parcela permanezca sin desarrollar después de su adjudicación. El comprador dispondrá de un máximo de 30 meses para finalizar las obras y solicitar la licencia de primera ocupación, junto con el correspondiente certificado final de obra, una vez que pueda iniciarse la ejecución simultánea prevista.
El incumplimiento de las condiciones establecidas puede tener consecuencias importantes para la empresa adjudicataria. La falta de pago, el incumplimiento del destino obligatorio del suelo o de otras obligaciones esenciales puede llevar a la resolución de la venta. En ese supuesto, si la resolución se produce por incumplimiento del comprador, el Ayuntamiento podrá aplicar una penalización equivalente al 25% del precio de adjudicación y recuperar la parcela. Además, determinadas obras e instalaciones fijas que ya se hubieran realizado podrían quedar en poder municipal.
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