El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana reforzará con 90 millones de euros a las cinco comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado, con el objetivo de aumentar la oferta de vivienda asequible y contribuir a reducir los precios del alquiler en los municipios afectados. La medida beneficiará a un total de 317 municipios de Catalunya, Euskadi, Navarra, Galicia y Asturias, territorios que han recurrido a la declaración de zonas tensionadas para hacer frente a las dificultades de acceso a la vivienda. El Gobierno pretende que los fondos permitan impulsar nuevas promociones públicas y movilizar viviendas que puedan destinarse al alquiler asequible.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció la iniciativa este miércoles durante su visita a Lekunberri, en Navarra, donde conoció un complejo residencial de más de 30 viviendas de Casa 47 destinadas al alquiler asequible. «Declarar zona tensionada no es hacer una fiesta, es reconocer un problema y tomar decisiones», señaló Rodríguez, que defendió que la declaración debe ir acompañada de actuaciones destinadas a aumentar el número de viviendas disponibles.
La ministra explicó que los 90 millones servirán para apoyar a ayuntamientos y comunidades autónomas en diferentes actuaciones. Entre ellas se encuentran la promoción y construcción de vivienda pública, la rehabilitación de inmuebles para destinarlos posteriormente al alquiler asequible, la adquisición de terrenos y el desarrollo y urbanización de suelo. Los fondos también podrán utilizarse para que las administraciones públicas puedan comprar viviendas. De esta forma, el Gobierno busca que el dinero contribuya a ampliar el parque de vivienda disponible en las zonas donde existen mayores dificultades para acceder a un hogar a un precio asumible.
Un reparto basado en población y esfuerzo para pagar el alquiler
El reparto de los 90 millones no será igual para todas las comunidades, sino que se calculará atendiendo a dos factores. El primero es la población que vive en las zonas declaradas como tensionadas, mientras que el segundo mide el porcentaje de hogares que sufren un esfuerzo elevado para pagar el alquiler. En concreto, el Gobierno concede un peso del 80% a la población residente en las zonas tensionadas y del 20% al porcentaje de hogares en situación de sobreesfuerzo en el pago del alquiler. Para este último indicador se tiene en cuenta el porcentaje de hogares que viven de alquiler y destinan más del 40% de los ingresos netos del hogar al pago de su vivienda habitual.
Con este sistema, Catalunya será la comunidad que reciba una mayor cantidad, con un total de 59,74 millones de euros. De esa cifra, 56,48 millones corresponden al criterio de población de las zonas tensionadas y otros 3,26 millones al porcentaje de hogares que afrontan un sobreesfuerzo para pagar el alquiler. Euskadi recibirá 15,51 millones de euros, de los que 8,99 millones proceden del criterio de población y 6,51 millones del correspondiente al esfuerzo de los hogares para afrontar el alquiler. La comunidad vasca presenta, dentro del reparto, el porcentaje más elevado de hogares en situación de sobreesfuerzo, con un 18,30 %.
En Navarra, la cantidad asignada será de 6,69 millones de euros. El reparto combina 3,57 millones vinculados a la población de las zonas tensionadas y 3,11 millones asociados al porcentaje de hogares que destinan más del 40 % de sus ingresos netos al alquiler. Galicia contará con 5,11 millones de euros, repartidos entre 2,69 millones derivados del número de habitantes de las zonas tensionadas y 2,42 millones correspondientes al indicador de sobreesfuerzo en el pago del alquiler. Por último, Asturias recibirá cerca de 2,96 millones de euros, de los que 264.644 euros se asignan por el criterio de población y 2,69 millones por el porcentaje de hogares en situación de sobreesfuerzo. En el caso de Galicia, las zonas declaradas corresponden a A Coruña y Santiago de Compostela.
Los fondos se transferirán en un único pago
El dinero procederá del presupuesto del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana correspondiente a 2026, concretamente de la partida denominada ‘A comunidades autónomas. Zonas de mercado residencial tensionado’. El objetivo es que las comunidades reciban las cantidades que les correspondan en un solo pago. La transferencia deberá realizarse dentro de un plazo máximo de cinco meses desde la entrada en vigor del real decreto que regula estas subvenciones. Antes de que eso ocurra, el Gobierno debe completar la tramitación de la norma.
Desde este miércoles, el borrador del real decreto se encuentra sometido al trámite de audiencia e información pública a través de la página web del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Posteriormente, deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros. Las ayudas están previstas en el artículo 18.5 de la Ley por el Derecho a la Vivienda y buscan respaldar los planes específicos elaborados por las comunidades autónomas para corregir los desequilibrios que dificultan el acceso a una vivienda en las zonas declaradas tensionadas.
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