El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la declaración como zona tensionada de veintiún municipios de Navarra, San Sebastián y Galdácano (País Vasco), y La Coruña (Galicia), que elevan a 301 los municipios que ya han sido declarados como zonas tensionadas para el alquiler en cuatro comunidades autónomas. Son, a día de hoy, más de 8,28 millones de personas las que viven en zonas de mercado tensionado en España.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha defendido la utilidad de la medida para contener los precios de los alquileres: «Ante la evidencia de que la Ley de Vivienda funciona, hay quien la aplica y hay quien quiere derogarla».
¿Qué es una zona de mercado tensionado?
La Ley de Vivienda pretende regular un procedimiento para la contención de los precios de los alquileres en zonas donde los incrementos en los años anteriores hayan sido desproporcionados.
Este mecanismo establece una serie de bonificaciones fiscales para los propietarios que rebajen las rentas de los alquileres a sus inquilinos y limita la capacidad de incrementar los precios de nuevos contratos de arrendamiento al tener que estar ajustados al precio del contrato anterior.
Asimismo, configura un índice de precios de referencia para los precios de los alquileres de la vivienda, que se fundamenta en los alquileres declarados en la zona, y sobre el que todos aquellos grandes tenedores de vivienda están obligados a fijar los precios de sus contratos.
Además, se sostiene la obligación de que las administraciones públicas ejecuten un plan de medidas urgentes para incrementar la oferta de alquiler para que en el plazo de tres años la situación del mercado del alquiler haya sido revertida.
La aplicación de las zonas tensionadas favorece a los inquilinos, pero también a los pequeños propietarios que ponen sus propiedades en alquiler respetando el índice de referencia. Se pueden deducir hasta el 90% de lo que ingresen por esos alquileres si bajan los alquileres un 5%.
Los datos públicos del Institut Català del Sòl (Incasòl), dependiente de la Generalidad de Cataluña, un año después de aplicar las zonas tensionadas avalan esta medida por varios motivos. En primer lugar, porque supuestamente reduce los precios de los alquileres: un 8,9% en la ciudad de Barcelona; un 4,9% en zonas declaradas tensionadas, y un 4,7% en el total de Cataluña. Además, aseguran, no reduce la oferta: se crearon 11.807 nuevos contratos en Catalunya. Y, por último, hay una mayor estabilidad de los contratos: los incentivos para finalizar contratos de alquiler y firmar nuevos han desaparecido al tener que estar referenciado el precio del nuevo con el del contrato anterior, lo que pone fin a las subidas de precio sin límite alguno. Eso produce una menor rotación y se ofertan menos pisos en portales web, pero que no ha disminuido la cantidad de contratos en vigor, tal y como demuestran los alquileres declarados a través de la Agencia Tributaria.
