El grupo constructor Urbas ha sido declarado en concurso voluntario de acreedores por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, según un auto fechado el 27 de enero y notificado un día después. La compañía notificó el pasado viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que Auren Kepler Karst Administradores Concursales AIE asumirá la administración del proceso.
La empresa atribuye su situación a una serie de problemas iniciados en abril de 2025, cuando su auditor, A Worldwide Audit Assurance España, se negó a emitir el informe sobre las cuentas anuales de 2024. Esta negativa provocó la suspensión de la cotización de sus acciones en bolsa. Tras agotar los plazos legales para negociar con sus acreedores, la empresa presentó en septiembre de 2025 la solicitud preventiva de concurso voluntario.
Durante 2025, la constructora promovió un plan de reestructuración que obtuvo las adhesiones necesarias y fue validado por la firma Alvarez & Marsal. No obstante, la homologación judicial del plan no pudo concretarse debido a la oposición del fondo Roundsheeld Partners. Según la compañía, este fondo se basó en un crédito pendiente y en la designación de FTI Partners Recovery Spain como experto en reestructuración para bloquear el proceso.
Urbas señala que FTI Partners se negó a emitir el certificado de mayorías requerido para la homologación judicial. Además, la presentación por parte del fondo de un concurso necesario impidió que la empresa retirara su concurso voluntario. La compañía considera que estas acciones han provocado un perjuicio grave a la sociedad, a sus trabajadores y a sus accionistas.
Acciones a tomar de inmediato
En respuesta a los hechos, la Junta General de Urbas revocó el 30 de diciembre de 2025 el nombramiento de su auditor por justa causa, medida que ya fue inscrita en el Registro Mercantil. La empresa mantiene abiertas varias acciones judiciales, entre ellas una querella por estafa procesal admitida a trámite en España. También ha presentado una demanda en Luxemburgo por 189,1 millones de euros por daños y perjuicios, y se opone a una reclamación del fondo en Reino Unido.
Hasta el momento, el juez Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción Número 41, ha admitido la querella de Urbas contra RS Lender IV, filial del fondo de financiación, por presunto delito de estafa procesal. Por su parte, el fondo ha solicitado el archivo del proceso. Mientras tanto, Urbas prepara un convenio que presentará a sus acreedores con el objetivo de gestionar la crisis y garantizar la continuidad de la empresa.
