El grupo parlamentario Sumar llevará al Pleno del Congreso la próxima semana una propuesta de reforma de la Ley de Vivienda de 2023. La iniciativa busca impedir que empresas, fondos de inversión, fundaciones o personas jurídicas puedan adquirir viviendas en España. La medida tiene como objetivo principal frenar la especulación en el mercado inmobiliario.
Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda de Sumar y diputado de Compromís, anunció el registro de la propuesta en abril. Según el parlamentario, se trata de una iniciativa sencilla y con encaje constitucional y europeo. Confía en que la propuesta pueda contar con la mayoría parlamentaria necesaria para ser admitida a trámite. Dicha propuesta se debatirá en el pleno, según consta en el borrador del orden del día de la sesión plenaria, recogido por Europa Press.
Una ley para limitar la especulación
Sumar defiende que el derecho a la vivienda corresponde principalmente a las personas físicas. Argumentan que son los individuos quienes pueden disfrutar plenamente de la experiencia de habitar una vivienda. En cambio, la propiedad de inmuebles en manos de entidades jurídicas no responde a este derecho, sino a la obtención de beneficios económicos.
La reforma que propone Sumar limitaría la transmisión de propiedad de viviendas únicamente a personas físicas. Las personas jurídicas podrían seguir siendo propietarias, pero solo de inmuebles destinados a actividades económicas y no residenciales. Según Ibáñez, esta medida es un paso necesario para evitar que la vivienda se convierta en un bien de inversión.
El diputado señala que la propuesta no busca entrar en debates sobre el número de viviendas que puede tener una persona. Sin embargo, considera que existe un amplio consenso en el Parlamento sobre la necesidad de frenar la especulación de empresas y fondos de inversión. La iniciativa cuenta con apoyos que van desde la extrema derecha hasta partidos de izquierda.
Ibáñez también mencionó que confía en la postura favorable de formaciones como PNV y Junts. Según él, ambos grupos se sienten cómodos con la idea de limitar la presencia de fondos de inversión en el mercado residencial. La medida, según el portavoz, podría así lograr la mayoría suficiente para su aprobación.
