Un total de 632.369 contratos de alquiler finalizan en 2026, lo que afectará a 1,6 millones de personas que podrían afrontar un incremento medio anual de 1.735 euros al renovar el contrato, de acuerdo con estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 basadas en la última Encuesta de Condiciones de Vida.
Si se incluye también a quienes podrían ver terminar su contrato en 2027, el número de personas afectadas se elevaría a 2,7 millones, según los datos recopilados por el Ministerio.
Para el conjunto del país, en un hogar con renta mediana, la renovación del alquiler implicaría ese aumento anual de 1.735 euros, cifra que el ministro Pablo Bustinduy ya avanzó el pasado 4 de diciembre, cuando instó al PSOE a aprobar de forma prioritaria una prórroga automática de los contratos que expiran en 2026.
Baleares, la región más afectada
El impacto estimado sería mayor en Baleares (4.615 euros), seguida de la Comunidad Valenciana (2.686 euros), Canarias (2.267 euros) y Madrid (2.042 euros). También superarían los 1.000 euros Cantabria, Andalucía, La Rioja, Castilla-La Mancha, Asturias y Murcia.
Quedan fuera del cálculo Cataluña, por tener zonas tensionadas que abarcan el 80% de su población, así como Navarra y el País Vasco, debido a sus regímenes forales.
Las comunidades con más contratos a vencer
Los territorios con mayor volumen de contratos que expiran son Madrid (145.881 contratos y 404.090 personas afectadas), Cataluña (112.728 contratos y 300.984 personas), Andalucía (85.491 contratos y 213.728 personas) y la Comunidad Valenciana (62.523 contratos y 155.057 personas), según datos del Panel de Hogares elaborado por la Agencia Tributaria en colaboración con el INE y el Instituto de Estudios Fiscales.
Según Idealista, entre octubre de 2020 y octubre de 2025 el precio del alquiler se ha encarecido un 34,3%, y arrendar un piso de 80 m2 cuesta ya 1.160 euros al mes, 300 euros más que hace cinco años. Además, el 36,42% de los hogares inquilinos destina más del 30% de sus ingresos al pago de la renta y 2,5 millones de personas estarían en situación de vulnerabilidad financiera.
En este contexto, Sumar insiste en la renovación automática de los contratos que vencen en los próximos meses, con la única subida del IPC, para proteger a los inquilinos mientras espera una respuesta del PSOE.
