Al cumplirse un año de la implementación de la Ley por el Derecho a la Vivienda, tanto propietarios como inquilinos expresan una opinión desfavorable sobre la normativa, argumentando que dificultará el proceso de alquiler. Esta es una de las principales conclusiones extraídas de la encuesta realizada por Fotocasa Research, basada en más de 8.000 entrevistas a personas activas en el sector inmobiliario durante el último año.
Otro hallazgo significativo es el impacto negativo en el mercado de alquiler residencial, disminuyendo el número de personas que ofrecen viviendas en renta. Uno de cada cinco arrendadores (20%) que conoce la regulación considera seriamente alquilar las habitaciones de manera individual. Aproximadamente uno de cada cuatro (24%) ha decidido alquilar exclusivamente para alquileres vacacionales, y una tercera parte (31%) se inclina por alquilar para periodos temporales.
«La gran problemática que sufre el mercado del alquiler en España es la falta de oferta. Si el parque se reduce todavía más debido a desincentivos normativos, nos encontraremos con un mercado muy compacto, de poca rotación y de sobreprecios en el que la accesibilidad a la vivienda será muy complicada. Estos datos ponen de manifiesto que la ley de vivienda no tiene una buena acogida en el sector, al considerar que traspasa la responsabilidad de la administración a los particulares privados», comenta María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.
El efecto de la ley entre los arrendadores augura menos inversión
Las expectativas negativas que los arrendadores tienen sobre la ley podrían tener consecuencias a largo plazo. Según la encuesta, esto podría impactar considerablemente la calidad del parque de viviendas en alquiler. Cerca de la mitad de los arrendadores (44 %) que están familiarizados con la norma creen que es bastante o totalmente probable que se reduzcan las inversiones en mejoras para las viviendas.
«Este tipo de normativas, que limitan la rentabilidad buscada por los propietarios, desincentivan la inversión en reformar, mejorar y acomodar las viviendas empeorando la calidad y la comodidad de estas. Precisamente la antigüedad y el estado de las viviendas son algunos de los principales obstáculos a los que se enfrentan los inquilinos a la hora de buscar un alquiler», explica Matos.
A continuación, la portavoz subraya que «precisamente en España, el parque de vivienda es antiguo, ya que la edad de sus inmuebles supera los cuarenta años. De hecho, un 42% de las viviendas en España se construyeron entre 1950 y 1980 (10,4 millones) y un 30% (6,5 millones) antes de los 2000. Por lo tanto, este tipo de medidas terminan perjudicando al inquilino, que es quien más vulnerable es».
Perspectivas negativas de impacto, aunque aumentan los neutrales
En general, la percepción del impacto de la Ley se está volviendo más ambigua. Al evaluar si con su implementación ciertas acciones en el mercado se han facilitado o dificultado, los individuos que conocen la norma tienden a adoptar posturas mayoritariamente pesimistas.
En el ámbito del alquiler, el 22 % considera que ahora es más fácil alquilar una vivienda como inquilino, tres puntos porcentuales menos que en la encuesta realizada seis meses antes. Esto sugiere que esta es probablemente la acción donde se percibe una mayor brecha entre la realidad y las expectativas.
Consecuentemente, la creencia predominante (35 %) es que la ley complica los deseos de quienes buscan alquilar un inmueble para residir en él.
Desde la perspectiva de los arrendadores, la percepción negativa es abrumadoramente mayoritaria, con un 39 % que tiene una opinión desfavorable, en contraste con el escaso 15 % que tiene una visión positiva.
Observando el sector del alquiler, los inquilinos son más pesimistas que hace seis meses. Aquellos que consideran que la regulación complica sus intenciones han aumentado del 35% al 36%. Sin embargo, la evidencia es aún más significativa entre los que creen que esta normativa mejora sus expectativas, ya que han disminuido del 30 % hace medio año al 24 % en febrero de 2024.
Por otro lado, entre los arrendadores, una mayoría del 52 % cree que la ley dificultará el proceso de alquilar. Un 32 % opina que la normativa no tendrá ningún efecto significativo, y solo un 18 % asegura que será más fácil alquilar que antes de su entrada en vigor.
