Los juristas han alertado de los perjuicios que crea la nueva Ley de Vivienda por las limitaciones para los propietarios y el funcionamiento del mercado del alquiler, abriendo la puerta a la congelación de rentas y «dificultando excesivamente» la recuperación del inmueble en los desahucios. Así lo han puesto de manifiesto en la jornada sobre la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda organizada por el Consejo General de los Coapi de España, el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid y la Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid.
En una jornada en la que han intervenido juristas para analizar la nueva ley, han advertido de los «efectos perniciosos» que introduce la Ley de Vivienda en el mercado del alquiler en distintos ámbitos, que suponen todos ellos una limitación para los propietarios, lo que perjudicará el funcionamiento y las garantías para los consumidores en el acceso a la vivienda. De este modo, la nueva norma abre un escenario de congelación de rentas para los nuevos contratos de zona residencial y que no sean de gran tenedor una vez que vayan venciendo las prórrogas existentes.
Asimismo, las modificaciones introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil están diseñadas para convertirse en una prórroga encubierta a los contratos de alquiler. En este sentido, los juristas han criticado que en las demandas de desahucio y en los lanzamientos se producirá un exceso de tiempo para recuperar la vivienda, al atribuir al arrendador la carga de la prueba de todos los requisitos exigidos, como la condición de vivienda habitual, el intento de concialiación o mediación previa, y la condición de ser o no gran tenedor.
Además, todas estas limitaciones en los precios y en la disposición de la propiedad provocarán la salida de las viviendas hacia otras soluciones arrendaticias, como el alquiler de temporada o vacacional, dibujando también un escenario que perjudicará el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes. Por otro lado, los juristas han aclarado que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato del alquiler recaen a cargo del arrendador.
José María García Gómez, viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, ha dicho que se trata de una ley que «genera inseguridad jurídica, carece del rigor técnico para desplegar sus efectos de forma adecuada y debe ser derogada por los efectos que ya está produciendo, como la restricción de la oferta del alquiler, el incremento de precios o la reducción de la promoción de la vivienda protegida». Por último, ha comentado que la región «no declarará zonas de mercado tensionado porque se trata de la competencia de urbanismo y vivienda autonómica, que la nueva ley invade».
