El Gobierno y sus socios parlamentarios han alcanzado un acuerdo para prohibir que se repercuta al inquilino cualquier tasa o tributo, incluido el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), y para topar los precios del alquiler de temporada y de habitaciones, según recoge Europa Press. Se trata de enmiendas transaccionales introducidas en la ponencia de la proposición de ley impulsada por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG.
Las formaciones han acordado que los alquileres de habitaciones pasen a tener precio regulado, de modo que la suma de las rentas no pueda superar el tope fijado para un piso completo. En el caso de los grandes tenedores, la renta inicial deberá ajustarse al índice de referencia estatal, aplicando las mismas garantías que en un contrato de arrendamiento habitual.
Además, se incorpora una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para prohibir cualquier cuota, gasto o impuesto adicional repercutido al inquilino, incluyendo “cuotas, gastos generales, servicios, impuestos, tasas, cánones o contribuciones especiales”, salvo los ya recogidos en el contrato previo.
Las enmiendas también fijan que los contratos de menos de 31 días se clasificarán como alquileres de corta duración o turísticos, sujetos a obligaciones de información y registro. Los alquileres temporales solo podrán firmarse por un máximo de 12 meses con causa justificada, y si se encadenan contratos, pasarán automáticamente a ser de cinco o siete años.
Asimismo, se garantiza que las comunidades autónomas mantengan sus competencias en materia de vivienda.
Pese al avance, el texto deberá superar aún la Comisión de Vivienda y el Pleno, donde el apoyo de Junts sigue siendo incierto. ERC ha pedido a PP, Vox y Junts que “no bloqueen un texto que aporta más garantías y seguridad jurídica a los inquilinos”.
