El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto una sanción de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por vulnerar los derechos de los consumidores. La medida llega tras las denuncias presentadas por organizaciones como Facua, que alertaron de cobros irregulares y cláusulas abusivas en los contratos de arrendamiento.
El ministro del ramo, Pablo Bustinduy, evitó pronunciarse sobre el procedimiento en curso, pero sí dejó clara su postura. Aseguró que, pese a los recursos limitados del Ministerio, se destinarán todos los esfuerzos a garantizar que ninguna empresa esté por encima de la ley. Según el ministro, el mercado de la vivienda lleva años funcionando bajo la «ley de la selva».
En una entrevista en TVE, Bustinduy subrayó que muchos inquilinos se encuentran en una situación de indefensión. Buscar piso, dijo, se ha convertido en una competición en la que se vulnera el derecho constitucional a una vivienda digna.
Denuncias de Facua y posibles irregularidades
El expediente sancionador fue iniciado el pasado marzo, después de que Facua denunciara a la empresa por aplicar cobros indebidos y por otras deficiencias en sus contratos. La propuesta entra ahora en una fase de valoración que se resolverá en los próximos meses, una vez que las partes presenten sus alegaciones.
Según la organización de consumidores, la resolución del Ministerio detalla numerosas irregularidades. Entre ellas, la imposición a los inquilinos de un supuesto servicio de atención que en realidad encubre gastos que debería asumir el propietario. También se les obliga a contratar un seguro del hogar y un estudio de solvencia económica, además de limitar su derecho a desistir del contrato.
Otro de los puntos señalados por Consumo es la cláusula que impone a los arrendatarios el pago de todos los gastos derivados de reclamaciones judiciales o extrajudiciales, un coste que normalmente no les corresponde.
Medidas contra los abusos y la especulación
Bustinduy aprovechó para defender la congelación de los precios del alquiler y la prórroga de tres años de los contratos actuales. Recordó que unos 300.000 contratos vencerán próximamente, y que muchas familias viven con la angustia de que su renta aumente hasta un 40%.
El ministro también propuso medidas fiscales más duras para quienes posean cuatro o más viviendas, así como la prohibición de la compra especulativa en zonas tensionadas. Según destacó, estas actuaciones buscan frenar la acumulación de viviendas y garantizar el acceso justo a la vivienda.
Por último, el Ministerio de Consumo mantiene varios expedientes abiertos contra plataformas de pisos turísticos. Estas investigaciones han llevado a que Airbnb retire 65.000 anuncios y Booking elimine otros 4.000. También se analizan posibles abusos por parte de otras empresas del sector inmobiliario.
La respuesta de Alquiler Seguro
Alquiler Seguro ha confirmado que el Ministerio de Consumo le ha propuesto una sanción de 3,6 millones de euros, ante lo cual la empresa presentará alegaciones para defender la legalidad de sus servicios. La compañía sostiene que cumple con la normativa vigente y niega haber realizado prácticas abusivas en la gestión de alquileres.
Además, asegura que sus servicios son transparentes, públicos y voluntarios, y que los gastos de gestión recaen únicamente en el arrendador, tal como establece el contrato. Califica la sanción propuesta como «abusiva y desproporcionada».
