En España, cuatro de cada diez hogares que viven de alquiler destinan más del 40% de sus ingresos al pago de la renta, lo que convierte al país en el que más esfuerzo económico requiere el alquiler entre las grandes economías europeas. Este dato destaca frente a otras naciones como Francia y Alemania, donde el porcentaje de hogares que destinan más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler se sitúa en el 17,5%, o Italia, con un 28%.
Estas cifras forman parte de un informe publicado por el Banco de España, que subraya la situación de los hogares con menos ingresos, especialmente los formados por jóvenes y aquellos ubicados en áreas con alta actividad económica y turística.
El informe también señala que, entre las principales economías europeas, España lidera en términos de sobresfuerzo relacionado con el alquiler. El crecimiento del mercado del alquiler en las economías avanzadas ha sido notable desde la crisis financiera global de la primera década del siglo XXI, siendo más marcado en las grandes áreas urbanas con mayor actividad económica y un peso considerable del sector servicios.
En el caso de España, el número de personas que residen en viviendas alquiladas alcanzó los nueve millones a finales de 2023, lo que supone un aumento de 3,3 millones desde 2007. Este incremento ha sido impulsado por la incorporación de más de 1,3 millones de viviendas al mercado de alquiler, lo que ha llevado el parque de viviendas arrendadas a un total de 3,6 millones en 2023.
El informe destaca que a partir de 2015 se ha registrado un incremento significativo en los precios del alquiler, especialmente en las grandes áreas urbanas. Este fenómeno se debe a un crecimiento de la demanda que ha superado el ritmo de expansión de la oferta, que se ha mantenido insuficiente para satisfacer las necesidades del mercado. Este desajuste entre oferta y demanda ha generado presión sobre los precios, afectando especialmente a los hogares de menores ingresos.
Los autores del informe advierten que el elevado esfuerzo financiero que supone el alquiler puede tener consecuencias negativas tanto económicas como sociales. Estos efectos incluyen la dificultad de los jóvenes para emanciparse, la reducción de la movilidad geográfica de los trabajadores y la aparición de situaciones de pobreza y exclusión social. En particular, los hogares con menos recursos pueden verse forzados a reducir su consumo en otras áreas, lo que agrava su situación económica.
El Banco de España subraya que, dado el alcance del problema, no es probable que medidas a corto plazo puedan ofrecer una solución efectiva. En su lugar, propone que las actuaciones consideren un horizonte de largo plazo, con la participación activa de las comunidades autónomas, que tienen competencias en materia de vivienda. Asimismo, sugiere que las políticas se centren en aumentar la oferta de viviendas, lo que podría aliviar las tensiones en el mercado del alquiler y mejorar el acceso a la vivienda para los sectores más vulnerables.
