El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una multa de 3.600.902 euros a la empresa Alquiler Seguro tras concluir un expediente sancionador iniciado el pasado marzo. La investigación se abrió después de que Facua-Consumidores en Acción denunciara diversos cobros indebidos a inquilinos y otras prácticas que consideraba ilegales. Según la asociación, la resolución desestima todas las alegaciones presentadas por la inmobiliaria.
Consumo había anunciado meses atrás la apertura de un expediente contra una «gran agencia inmobiliaria» por posibles abusos en la gestión del alquiler en todo el país. Aunque en ese primer momento no se reveló el nombre de la compañía, Facua confirmó posteriormente que se trataba de Alquiler Seguro. La organización había presentado una denuncia en noviembre de 2023 por la imposición de honorarios a los inquilinos, un cobro prohibido tras la aprobación de la actual ley de vivienda.
La resolución, comunicada oficialmente a Facua por estar personada en el procedimiento, recoge una larga lista de irregularidades detectadas en los contratos utilizados por Alquiler Seguro, según indica el organización de consumidores en un comunicado. El documento está firmado por el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, quien detalla uno por uno los incumplimientos encontrados durante la investigación.
Las prácticas cuestionadas y las sanciones fijadas
Entre las conductas consideradas fraudulentas figura la imposición a los inquilinos de un supuesto «servicio de atención» que, según la investigación, encubría gastos que correspondían al propietario del inmueble. También se detectó la obligación de contratar un seguro del hogar y un estudio de solvencia económica, además de la limitación del derecho de desistimiento del contrato. Según Facua, se imponían incluso todos los gastos derivados de reclamaciones judiciales o extrajudiciales al arrendatario.
La denuncia inicial de Facua señalaba que la inmobiliaria obligaba a pagar el equivalente a un mes de renta más el 21% de IVA por ese servicio, que incluía asesoramiento sobre cambios de suministros, cuestiones jurídicas del contrato y la gestión de siniestros. Para la asociación, muchas de estas tareas correspondían al arrendador y no al inquilino, por lo que consideraban indebido el cobro exigido.
La resolución concluye que Alquiler Seguro cometió seis infracciones consideradas «muy graves» y una «grave», de acuerdo con la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Las multas incluyen sanciones de un millón de euros, 990.900 euros, tres de 500.000 euros y otra de 100.001 euros, además de una última de 10.001 euros por la infracción calificada como grave. En total, la suma asciende a 3.600.902 euros.
La inmobiliaria tiene ahora la posibilidad de presentar un recurso de alzada ante el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy. Este sería el último paso antes de agotar la vía administrativa y dejar firme la sanción.
