El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado este lunes una carta a 13 fondos de inversión e inmobiliarias que gestionan más de 100.000 viviendas en España. El objetivo es informarles de que deben aceptar la prórroga de contratos de alquiler que terminen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 si el inquilino lo solicita. La carta fue remitida por la Dirección General del Consumo.
Según explicó el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy, la comunicación recuerda que el pasado 20 de marzo el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley que contempla esta medida como respuesta al impacto económico de la guerra en Irán. La norma ya está en vigor y su convalidación en el Congreso se producirá en las próximas semanas. «Por tanto, la norma genera un nuevo derecho de renovación del plazo del contrato de alquiler por dos años que, previa solicitud del inquilino, deberá ser aceptado obligatoriamente por el arrendador», subraya el Ministerio.
La medida afecta directamente a los arrendamientos de vivienda habitual, el sector donde operan estas inmobiliarias. En virtud de esta prórroga extraordinaria, los contratos podrán renovarse por plazos anuales hasta un máximo de dos años adicionales. Los términos y condiciones del contrato original se mantienen, según aclara la carta enviada a las entidades.
Procedimientos y advertencias del Ministerio
Consumo ha pedido a las entidades la máxima diligencia para asegurar la correcta aplicación de las medidas. También solicita que adopten los procedimientos internos necesarios para cumplir con la norma de manera inmediata. La intención es que no haya retrasos ni confusiones en la prórroga de los contratos de alquiler.
Tanto el ministro Pablo Bustinduy como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han animado a los inquilinos que cumplan con los requisitos a solicitar la prórroga de sus contratos. Esto es especialmente relevante porque el decreto aún debe ser convalidado en el Congreso y permanecerá vigente durante un mes. De ahí la urgencia de la llamada a los inquilinos: aprovechar el plazo para garantizar la renovación de sus contratos.
Con esta norma, el Gobierno busca ofrecer seguridad a los inquilinos frente a la inestabilidad económica derivada de conflictos internacionales. Las grandes inmobiliarias y fondos de inversión, que gestionan un volumen considerable de viviendas, deberán adaptarse de inmediato a la nueva obligación. Según Consumo, el cumplimiento estricto de la norma es indispensable para proteger los derechos de los arrendatarios.
