La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, presidió la sesión constitutiva del Consejo Asesor de Vivienda, órgano consultivo regulado por la Ley de Vivienda y formado por 37 entidades para analizar y evaluar las políticas públicas en materia de vivienda.
Rodríguez resaltó la importancia del Consejo para la participación de la sociedad civil en el mejor diseño de las políticas públicas y para la consolidación de acuerdos y consensos en las soluciones al problema de la vivienda. La ministra explicó que el órgano analizará cada año las políticas públicas ejecutadas por el Ministerio de Vivienda.
En relación con el contenido de la reunión, Rodríguez destacó el gran consenso alcanzado entre los presentes sobre las líneas para abordar las soluciones a la vivienda, subrayando la heterogeneidad de sus miembros: desde agentes que contribuyen a construir vivienda y vivienda asequible hasta representantes del crédito y de las personas afectadas por hipotecas o por abusos en el alquiler. Según la ministra, esta representación se incorpora con carácter institucional y estructural para cumplir una función para el Gobierno y para el país.
Cinco grupos de trabajo
En la sesión constitutiva se acordó la creación de cinco grupos de trabajo, cuatro propuestos por el Ministerio y uno por acuerdo de los miembros. Cada grupo tendrá un objetivo específico:
– Plan Europeo de Vivienda.
– Construcción de un parque de vivienda público y su blindaje con carácter permanente.
– Desafío de la vivienda en la España rural.
– Análisis de la ejecución del Plan Estatal de Vivienda a través de su modelo de cogobernanza.
– Transparencia y datos públicos en materia de vivienda.
La ministra anunció además que el Consejo Asesor se reunirá dos veces al año y que el siguiente paso para su institucionalización será dotarlo de un reglamento interno.
Composición y asistentes
El Consejo está integrado por representantes de organizaciones sociales, sindicales, profesionales y del sector promotor y financiero. Entre los miembros y asistentes figuran: Gema Gallardo (Alivas), Miguel Enrique García (OCU), Luciano Poyato (Plataforma del Tercer Sector), José María López Cerezo (AVS), Carme Arcarazo (Sindicat de Llogateras), Paco Morote (PAH), Pilar Blasco (Consejo de la Juventud), Julio Molina (CEAV), Carlos Bravo (Secretario Confederal de CCOO), María Dolores Navarro (Vicesecretaria General de UGT), Xavier Vilajoana (APCE), Pedro Fernández Alén (CNC) y Joan Rafols (Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana).
También asistieron representantes de colegios profesionales y organismos técnicos, entre ellos: Helena Beunza (Asval), María Abascal Rojo (Asociación Española de Banca), Ángel Martínez (Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria), Rocío Perteguer (Colegio de Registradores), Marta Vall-Llossera (CSCAE), Alfredo Sanz (Consejo de Arquitectura Técnica y Aparejadores), Pilar Barrio del Olmo (Consejo General del Notariado), Carme Trilla (Habitat 3), Javier Burón (Nasuvinsa), José García Montalvo (Universidad Pompeu Fabra), Paz Martín (Fundación Arquitectura y Sociedad), Julio Rodríguez (ex presidente del Banco Hipotecario) y Elia Gutiérrez (Universidad de Alicante).
El establecimiento de estos grupos de trabajo busca articular respuestas técnicas y compartidas para impulsar medidas vinculadas a la vivienda pública, la transparencia y la gobernanza de los planes estatales, con especial atención a la España rural y a la protección de colectivos vulnerables.
