El Pleno del Congreso de los Diputados debate y vota este martes una proposición de ley impulsada por el Partido Popular que introduce cambios relevantes tanto en materia de vivienda como en urbanismo. La iniciativa, ya aprobada en el Senado gracias a la mayoría absoluta del PP, llega a la Cámara Baja en un momento de fuerte debate político sobre el acceso a la vivienda. El mismo día, el Gobierno tiene previsto aprobar su plan estatal de vivienda dotado con 7.000 millones de euros. La propuesta popular incluye medidas que buscan, según el partido, acelerar procedimientos y mejorar la respuesta ante la ocupación ilegal de viviendas. También incorpora modificaciones legales de gran alcance que afectan a la protección de personas vulnerables y a la planificación urbanística en España.
Uno de los ejes centrales de la ley es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para permitir que empresas, bancos y fondos de inversión puedan recurrir a juicios verbales rápidos para recuperar viviendas ocupadas sin consentimiento. El objetivo es lograr la inmediata recuperación de la plena posesión del inmueble en procesos considerados de escasa cuantía y tramitación ágil.
Hasta ahora, este tipo de procedimientos estaban reservados en la práctica a determinadas entidades, mientras que las personas jurídicas tenían vetado este acceso salvo excepciones sin ánimo de lucro. Con la reforma, se amplía este derecho a actores del sector financiero e inmobiliario. En paralelo, la proposición también modifica los plazos de suspensión de los desahucios. En el caso de demandantes personas físicas, el plazo máximo pasa de dos a un mes. Cuando se trate de personas jurídicas, se reduce de cuatro a tres meses, con el objetivo de «hacer efectivas las medidas de protección de vulnerables» impulsadas por las administraciones.
Otro de los puntos más polémicos es la redefinición del concepto de vulnerabilidad económica. El PP propone rebajar el umbral desde tres veces el Iprem hasta 1,5 veces. Con el valor actual del indicador en torno a los 600 euros mensuales, esto implica que una unidad familiar con ingresos superiores a unos 900 euros dejaría de ser considerada vulnerable a efectos de suspensión de desahucios.
Urbanismo, licencias y reforma del modelo de vivienda
La iniciativa también introduce cambios profundos en la legislación urbanística. Entre ellos, establece que las licencias de obra podrán quedar aprobadas por silencio administrativo positivo si la administración no responde en un plazo de tres meses. Esto permitiría iniciar proyectos de edificación incluso sin resolución expresa, con el objetivo de agilizar la construcción de vivienda. No obstante, este silencio no se aplicará en todos los casos. Será negativo en intervenciones sobre edificios protegidos o con valor histórico-artístico, así como en suelos rurales o en la tala de masas arbóreas. También se mantendrán controles específicos en actuaciones con impacto patrimonial o ambiental relevante.
La reforma incorpora además la creación de una plataforma digital para coordinar informes urbanísticos entre administraciones y agilizar la tramitación de proyectos. Según el texto, se busca una «total coordinación» entre niveles autonómicos y locales. En materia de vivienda, la proposición del PP también deroga elementos de la Ley de Vivienda de 2023. En concreto, elimina las zonas tensionadas y el índice de precios de referencia del alquiler, medidas que el partido considera «perjudiciales» para el mercado inmobiliario.
Asimismo, se modifica la normativa para que la anulación de un instrumento urbanístico no invalide automáticamente sus desarrollos posteriores, siempre que puedan ser subsanados. También se eliminan referencias a evaluaciones ambientales ya reguladas en otras leyes, al considerarlas redundantes. El debate llega en un contexto de fuerte tensión política entre el Gobierno y la oposición en materia de vivienda. Mientras el Ejecutivo defiende su plan estatal como una herramienta de intervención pública, el PP apuesta por un modelo centrado en la agilización administrativa, la reducción de restricciones y una mayor seguridad jurídica para propietarios y empresas.
