El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la convalidación del Real Decreto-ley que busca mitigar el impacto del conflicto en Oriente Medio, incorporando medidas clave para la vivienda. Entre estas se encuentra la extensión de las deducciones fiscales por rehabilitación de viviendas y una modificación legal para fomentar la construcción de vivienda pública y asequible.
Entre 2021 y 2024, más de 290.000 contribuyentes se beneficiaron de estas ayudas, con una bonificación media de 1.918 euros por persona. Estas cifras reflejan la creciente inversión en mejoras de eficiencia energética en más de 200.000 inmuebles, según los datos oficiales. La medida ha permitido que muchas familias reduzcan el consumo de energía y mejoren sus hogares.
Prórroga de las deducciones por rehabilitación energética
La extensión de las deducciones se aplicará a las obras realizadas en 2025 y 2026. Estas incluyen reformas en viviendas habituales, alquiladas o con intención de alquiler, siempre que contribuyan a mejorar la eficiencia energética certificada. Los beneficios fiscales varían según el impacto de las obras sobre el consumo de energía y la calificación energética alcanzada.
Los porcentajes de deducción establecidos son: un 20% para obras que reduzcan al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración; un 40% si la reducción alcanza un 30% del consumo de energía primaria no renovable o se logra una calificación A o B; y un 60% en edificios residenciales que logren estas mejoras hasta finales de 2027. Estas medidas buscan incentivar la modernización de viviendas y edificios con criterios sostenibles y eficientes.
Impulso a la vivienda pública y asequible
Además, la norma modifica la Ley de Contratos del Sector Público para facilitar la construcción de vivienda asequible en terrenos públicos. La actualización simplifica y flexibiliza los contratos de concesión, permitiendo la colaboración público-privada en proyectos de vivienda social.
La reforma establece condiciones específicas para los contratos destinados a construcción o rehabilitación de inmuebles de titularidad pública, con el objetivo de garantizar precios asequibles y aumentar la disponibilidad de vivienda pública. Este paso pretende atender la creciente demanda de hogares a precios accesibles en diferentes ciudades.
