Ayudas en el alquiler de locales comerciales: así son las peticiones de dos de los sectores que más millones mueven en España. Acotex, ADFB, Amicca, Anceco, CEC, Comertia, Eurelia, FECE y Marcas de Restauración unen fuerzas en la Alianza de Comercio y Hostelería de España. El conglomerado de asociaciones propone solicitar un acuerdo del sector para «repartir-equilibrar» las consecuencias del incremento «desbocado» del IPC en la viabilidad del sector del comercio, especialmente en la aplicación a la actualización de las rentas de alquiler de locales comerciales
En el actual contexto macroeconómico, marcado por la sensación de incertidumbre, la viabilidad del comercio español resulta imposible: los gastos suben y los márgenes de beneficios en los diferentes comercios menguan poco a poco, alcanzando márgenes negativos en los peores casos. «Si no se encuentra rápidamente una solución -advierten- veremos un cierre masivo de comercios, con la consecuente pérdida de miles de puestos de trabajo, disminución de recaudaciones fiscales y caída del PIB, además de dejar a los ciudadanos sin los servicios ofrecidos por el comercio en los pueblos y ciudades de nuestro país».
En el acuerdo, estarían implicados los comerciantes/arrendatarios y los propietarios/arrendadores, junto con el Gobierno Central y el resto de las Administraciones Públicas.
En esta línea, la Alianza propone una medida extraordinaria de reequilibrio de las condiciones. Para los arrendatarios, el cambio consistiría en la aplicación inmediata, y prorrogable durante todo el año 2023, de un incremento máximo del 2% en la actualización de la renta de los contratos vigentes, y también en las condiciones para 2023 de las prórrogas de contratos existentes o de nuevos contrato.
De la misma forma, solicitan para la parte de los arrendadores el establecimiento de incentivos fiscales (en la dirección de deducciones fiscales) sobre la diferencia entre el porcentaje aplicado y el «teórico» que se hubiera imputado con el IPC que le correspondiera.
Por otra parte, la asociación insta nuevamente al Ejecutivo a la elaboración de una ley de arrendamientos urbanos específica para regular el sector inmobiliario comercial. La ley, opinan los expertos, debería incorporar la cláusula rebus sic stantibus y prever un modelo de cálculo para la actualización de las rentas basado en un indicador distinto del IPC, como se está ya aplicando en otros países europeos.
Comercio y Hostelería invitan a secundar la iniciativa al resto de organizaciones afectadas por la situación actual, con el fin de salvar el cierre de establecimientos, impedir la destrucción de puestos de trabajo y atajar el posible deterioro de la economía española.
