La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) ha expresado su preocupación por el aval público aprobado por el Consejo de Ministros para cubrir impagos en contratos de alquiler destinados a jóvenes y personas vulnerables. La organización advierte que esta medida podría disminuir la oferta de vivienda en ciertas áreas y desincentivar a nuevos propietarios a sumarse al mercado. Además, señalan que podría aumentar la inseguridad jurídica para quienes decidan participar.
En un comunicado, Asval reconoció el valor de cualquier iniciativa que busque reforzar la protección del derecho de propiedad. No obstante, criticó que el aval aprobado no sea una medida realmente nueva, sino la repetición de propuestas anteriores presentadas en los últimos meses. La asociación recuerda que el Real Decreto-ley 1/2025, conocido como decreto ómnibus, ya incluía esta medida, aunque nunca llegó a aplicarse por falta de desarrollo reglamentario.
Además, el borrador del Plan Estatal de Vivienda también contemplaba un aval similar, financiado dentro de los 7.000 millones de euros previstos en el plan. Según Asval, el reciente decreto representa la tercera presentación de esta iniciativa, pero nuevamente se han anunciado los avales sin detallar su implementación, presupuesto o marco de garantías.
Críticas al índice de referencia
Otro punto crítico para la asociación es condicionar el acceso al aval al precio de alquiler en relación con el Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (Serpavi). Asval considera que vincular el aval a este índice es un error técnico y operativo, ya que el Serpavi no refleja los precios reales del mercado. Según la organización, en algunas zonas, incluso ha provocado que los propietarios retiren sus viviendas del mercado, y en municipios sin tensión de demanda es poco probable que los propietarios acepten reducir la renta solo para acceder al aval.
La asociación sostiene que las políticas de reducción del riesgo de impago deben centrarse en aumentar la oferta de vivienda, atraer nuevos oferentes, reducir conflictos legales y fomentar contratos más estables. Para lograrlo, proponen medidas basadas en tres pilares: seguridad jurídica estable, incentivos claros y realistas, y políticas fundamentadas en evidencia. Entre estas opciones destacan seguros de impago accesibles, colaboración público-privada y estímulos fiscales transparentes que animen a los propietarios a ampliar de manera sostenida la oferta de alquiler.
