Valle heredó la causa tras la jubilación de Juan Carlos Peinado, que la admitió a trámite en diciembre de 2025, cuando el órgano aún era el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Su resolución hace suyo el informe de la fiscal Silvia González, fechado el 21 de octubre, que concluye que no hay indicios suficientes de delito. Al tratarse de un sobreseimiento provisional, la causa podría reabrirse si aparecen elementos nuevos.
El origen del conflicto es un crédito de al menos 80 millones de euros que llegó a su vencimiento. Roundshield, a través de su sociedad RS Lender, ejecutó las prendas que lo garantizaban, principalmente activos inmobiliarios, y después les atribuyó un valor de cero euros tras un informe confidencial de PwC. A partir de ahí, el fondo emprendió acciones judiciales en Londres, en Luxemburgo y dentro del propio concurso de acreedores de la compañía.
Una querella ampliada que la Fiscalía cuestiona
La causa había ganado peso en junio, cuando Peinado aceptó ampliar la querella e imputó a dos socios de Abencys, según Europa Press. En esa ampliación, Urbas sostenía que RS Lender habría intentado impedir que el informe de PwC se incorporara a las diligencias. La Fiscalía ve las cosas de otra manera: critica la instrucción en Plaza de Castilla por «extralimitación y abuso» en esa ampliación, al multiplicar las reclamaciones sobre un mismo crédito.
La constructora, presidida por Juan Antonio Acedo, su principal accionista con en torno al 24% del capital según Expansión, ya ha anunciado que recurrirá la resolución. Alega que quedan diligencias por practicar y que la fiscal no entró en el fondo del asunto. Roundshield, por su parte, había pedido el archivo desde enero, cuando calificó la querella de estrategia para condicionar el concurso, según El Confidencial. La pelea penal tiene además una derivada contra el propio instructor: el fondo se querelló contra Peinado por prevaricación, una acción que el TSJ inadmitió y que está recurrida, según Economía Digital.
El concurso, el frente que sigue abierto
Mientras tanto, el concurso avanza en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, que lo declaró el 27 de enero de 2026. Urbas lo había solicitado de forma preventiva en septiembre de 2025, después de que FTI Partners, designada a petición de Roundshield, se negara a certificar las mayorías necesarias para homologar su plan de reestructuración. Para esta semana se esperaba la apertura de los plazos de alegaciones.
Roundshield es el mayor acreedor contingente y sus reclamaciones han ido creciendo. En abril elevó la deuda a unos 206 millones de euros y demandó a la compañía en Reino Unido, según Cinco Días. A comienzos de noviembre, Expansión cifraba la batalla en torno a 500 millones y daba cuenta de que los jueces habían impedido embargos «por duplicado» sobre los mismos activos.
Ese volumen de litigios pesa sobre cualquier salida del concurso. El Español los describía en octubre como el «elefante en la habitación» ante una eventual liquidación de Urbas, porque el reparto entre acreedores depende de cómo se resuelvan unas reclamaciones que todavía se discuten en tres países. El archivo provisional de la vía penal no cambia ese cuadro, pero sí resta a la constructora uno de sus principales argumentos frente al fondo.
El sobreseimiento cierra, por ahora, el frente penal, pero no despeja el horizonte de Urbas. Sin la palanca de la querella, la constructora llega a la fase decisiva del concurso con Roundshield como mayor acreedor y con su crédito aún por fijar. De esa cifra dependerá que el convenio sea viable o que la liquidación pase de riesgo a escenario central.
Nota metodológica · Fuentes

