

El futuro de las principales medidas del Gobierno para intervenir en el mercado del alquiler se decide este jueves en el Congreso de los Diputados. La Diputación Permanente tiene previsto votar los dos decretos de vivienda aprobados nuevamente por el Consejo de Ministros el pasado 6 de octubre, después de que ambos textos fueran rechazados semanas antes en el Pleno de la Cámara Baja.
La votación llega en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ya que la política de vivienda se ha convertido en uno de los asuntos centrales de la actualidad política y social. De hecho, el rechazo parlamentario inicial de las medidas estuvo seguido de una convocatoria anticipada de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. La decisión se produce, además, un día después de la huelga general convocada por los sindicatos para denunciar las dificultades de acceso a una vivienda y reclamar soluciones ante el encarecimiento de los alquileres. La cuestión vuelve así al centro del debate político justo antes del comienzo oficial de la campaña electoral.
En esta ocasión, la votación no corresponde al Pleno ordinario del Congreso, sino a la Diputación Permanente, el órgano que mantiene determinadas funciones parlamentarias cuando las Cortes están disueltas. Esta circunstancia modifica la distribución de los representantes y puede facilitar que el Gobierno consiga los apoyos necesarios para sacar adelante uno de los decretos sin depender del respaldo de Junts. La Diputación Permanente está integrada por 69 miembros, frente a los 350 diputados que componen el Pleno. En su distribución actual, el bloque formado por PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y el Grupo Mixto puede reunir 35 votos, mientras que PP, Vox y Junts suman 34.
Las medidas que pueden cambiar las condiciones del alquiler
El primero de los decretos incluye un conjunto amplio de actuaciones destinadas a modificar las condiciones del mercado residencial, especialmente en lo relacionado con los arrendamientos. Entre sus principales novedades figura la posibilidad de ampliar durante dos años los contratos de alquiler que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, así como la limitación de las subidas de las rentas al 2% o al 0%, en función de la relación del precio con el índice de referencia.
La norma también contempla medidas para proteger a los inquilinos en situación de vulnerabilidad. En concreto, plantea mantener suspendidos los desahucios hasta 2031 cuando no exista una alternativa habitacional, de manera que las administraciones públicas tengan que proporcionar una solución residencial o asumir las consecuencias económicas correspondientes.
Otro de los puntos recogidos en el texto afecta a las empresas interesadas en adquirir viviendas, ya que establece restricciones para las compras por debajo del 70% del valor de tasación. A estas iniciativas se suman diferentes incentivos fiscales, entre ellos deducciones para propietarios que reduzcan el precio de los nuevos contratos y para los inquilinos, además de beneficios relacionados con la construcción de vivienda protegida.
El paquete incluye igualmente una reducción del IVA para determinadas promociones de vivienda protegida, exenciones fiscales para quienes vendan viviendas vacías al Estado y una línea de financiación mediante préstamos a interés cero para facilitar la compra de la primera vivienda. En este último apartado, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) podrá conceder préstamos de hasta 50.000 euros, según las condiciones recogidas en las medidas.
El segundo decreto tiene un contenido mucho más concreto y se centra en prolongar automáticamente los contratos de alquiler cuando lleguen a su vencimiento. La propuesta contempla que los propietarios puedan poner fin al arrendamiento en determinadas circunstancias, pero establece una indemnización para los inquilinos si deciden no renovar el contrato sin alegar la necesidad de utilizar la vivienda para ellos mismos o para familiares próximos. La compensación prevista asciende, como mínimo, al equivalente a 12 mensualidades del alquiler. Sin embargo, este segundo texto cuenta con menos posibilidades de conseguir los votos necesarios, ya que el PNV ha mostrado su oposición a esta iniciativa, a diferencia de lo que sucede con el decreto que recoge el grueso de las medidas de vivienda.
La incertidumbre sobre el futuro de la normativa, pendiente de las elecciones
La votación de este jueves no cerrará el debate sobre la política de vivienda, incluso si el Gobierno consigue convalidar el decreto principal. El Partido Popular, encabezado por Alberto Núñez Feijóo, ya ha anunciado su intención de eliminar las medidas de intervención impulsadas por el Ejecutivo si consigue llegar al Gobierno después de las elecciones del 29 de noviembre. La formación plantea derogar tanto los nuevos decretos como las medidas incluidas en la Ley de Vivienda de 2023. Esta posibilidad mantiene abiertas numerosas incógnitas para propietarios e inquilinos, especialmente para quienes tengan que decidir sobre la renovación de sus contratos o aplicar las nuevas condiciones de actualización de las rentas.
La situación también afecta a las agencias inmobiliarias, las empresas promotoras y los profesionales del sector, que deberán tener en cuenta los posibles cambios normativos a la hora de gestionar contratos y operaciones. La continuidad de las medidas dependerá, por tanto, no solo del resultado de la votación parlamentaria, sino también del escenario político que se configure después de los comicios.
Desde el Gobierno defienden que las iniciativas buscan ofrecer mayor estabilidad a quienes viven de alquiler y facilitar el acceso a una vivienda, especialmente entre los colectivos con más dificultades económicas. Entre sus argumentos figura también el impulso de alternativas residenciales con contratos de larga duración, como el modelo de Casa 47, que contempla alquileres estables de hasta 75 años. El resultado llega, además, en vísperas de una campaña electoral en la que el acceso a la vivienda se perfila como uno de los principales asuntos de debate entre las distintas formaciones políticas.

