El Consejo de Ministros ha aprobado este martes de nuevo los dos reales decretos ley de vivienda que fueron rechazados el pasado viernes en el Congreso, aunque con algunos cambios respecto a los textos anteriores. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que las modificaciones incorporadas son «muy positivas» y que mantienen la esencia de las medidas que decayeron la semana pasada.
La principal novedad anunciada por Sánchez es la creación de una línea de financiación de 10.000 millones de euros destinada a facilitar la compra de la primera vivienda. A través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), se concederán préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses y podrán beneficiarse de ellos personas de distintas generaciones, ya que la medida no estará limitada exclusivamente a los jóvenes.
En total, el Ejecutivo ha presentado un paquete de 21 medidas destinadas tanto a facilitar el acceso al alquiler como a favorecer la compra de una vivienda. Entre ellas se contempla que los inquilinos puedan desgravarse parte del dinero que destinan al alquiler en su declaración de la renta, una medida que, según el Gobierno, podría suponer unos 1.000 euros de deducción para quienes paguen 800 euros mensuales. El paquete también incluye incentivos fiscales para los pequeños propietarios que pongan sus viviendas en alquiler a precios considerados asequibles. Con ello, el Gobierno pretende aumentar la oferta de viviendas disponibles y actuar sobre un mercado que Sánchez ha definido como «disfuncional», marcado, a su juicio, por la especulación.
El presidente ha defendido las medidas como iniciativas «de sentido común» destinadas a proteger a las personas más vulnerables y a poner orden en el mercado de la vivienda. Durante su comparecencia posterior al Consejo de Ministros, Sánchez también ha pedido a los grupos políticos que permitan la convalidación de los decretos porque, según ha señalado, «estamos hablando de una cuestión de humanidad».
Protección de los alquileres y límites a la especulación
Uno de los decretos concentra la mayor parte de las medidas y es también el que el Gobierno tiene más posibilidades de sacar adelante en la Diputación Permanente. El texto incluye la ampliación de la protección frente a los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030 y establece limitaciones a determinadas operaciones de compra especulativa de vivienda hasta finales de 2028. Entre las novedades figura también la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones, así como la aplicación de un IVA del 10 % a los pisos turísticos. El decreto incorpora, además, deducciones fiscales para los inquilinos y bonificaciones dirigidas a los pequeños propietarios que alquilen sus viviendas en condiciones asequibles.
El Gobierno plantea igualmente reducir al 4 % el IVA de la vivienda protegida y mantener los préstamos del ICO a interés del 0 % para ayudar a afrontar la entrada necesaria para una hipoteca. También se contempla ampliar durante dos años los contratos de alquiler que terminen antes del 31 de diciembre de 2028. Otra de las medidas establece límites a la actualización anual de las rentas hasta el 31 de diciembre de 2027. El incremento sería del 0 % cuando el alquiler supere el máximo establecido por el índice de referencia y del 2 % cuando no lo supere.
El decreto incluye asimismo una prohibición dirigida a los denominados «fondos buitre», que no podrán comprar determinadas viviendas por debajo del 70 % de su valor de tasación de mercado hasta el 31 de diciembre de 2028. El objetivo de esta medida es limitar operaciones consideradas especulativas en el mercado inmobiliario.
Por otra parte, Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda y suelo, adquirirá «miles de inmuebles» pertenecientes a la Seguridad Social para destinarlos posteriormente a viviendas. El Ejecutivo considera esta actuación otra herramienta para incrementar el parque disponible.
La Diputación Permanente decidirá el futuro de los decretos
La aprobación de los nuevos textos llega después del adelanto electoral anunciado por Sánchez y de la posterior disolución de las Cortes. En este escenario, será la Diputación Permanente, órgano que sustituye al pleno del Congreso durante este periodo para determinadas funciones, la encargada de votar la convalidación de los decretos.
El órgano está formado por 68 diputados, además de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, con 27 representantes del PP, 24 del PSOE, seis de Vox, seis de Sumar y uno de ERC, PNV, Junts, Bildu y el Grupo Mixto, correspondiente a Podemos. Al sumar el voto de Armengol, el Gobierno tendría mayoría suficiente para sacar adelante el decreto que reúne el grueso de las medidas sin necesitar el apoyo de Junts.
La situación es diferente con el segundo decreto, que consta de un único artículo y establece la renovación automática de los contratos de alquiler. El PNV votó en contra de este texto el pasado viernes, por lo que el Ejecutivo seguiría sin disponer de los apoyos necesarios para convalidarlo si se mantienen las posiciones actuales. El PNV, no obstante, había señalado que no decidiría su posición sobre el primer decreto hasta conocer su «letra pequeña». El partido también tenía previsto analizar la situación y las conversaciones mantenidas con el Gobierno sobre los textos que pretende aprobar.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ya había adelantado el lunes que los decretos volverían al Consejo de Ministros con «algunas variaciones», aunque aseguró que el Ejecutivo no rebajaría «ninguna de las medidas de protección». Fuentes del Gobierno han precisado que los cambios son «no sustanciales» y responden a la necesidad de que los nuevos textos sean diferentes de los que fueron rechazados la semana anterior.
