La patronal, que agrupa a más de 300 compañías del sector, ha elevado el tono frente al texto impulsado por el Gobierno, después de que ya advirtiera semanas antes del riesgo regulatorio que suponía el borrador del texto. Su presidente, Emilio Díaz, y su directora ejecutiva, Begoña Villacís, defendieron en rueda de prensa que la acumulación de restricciones previstas —desde exigencias energéticas hasta penalizaciones económicas— puede convertir la norma en una barrera de entrada para nuevos proyectos y en un problema para los que ya están en marcha.
Fuente: SpainDC, nota de prensa (septiembre 2026)
«No estamos ante una obligación aislada; la suma de requisitos puede convertir esta regulación en un veto al sector. El diseño es inviable», afirmó Díaz durante la comparecencia, respaldada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) a través de su directora de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima, Cristina Riestra.
Dudas sobre el encaje jurídico del texto
Más allá del impacto económico, SpainDC sostiene que parte del articulado sobrepasa lo que puede regularse por esta vía y cuestiona el reparto de competencias entre el Ministerio y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Según la Asociación, algunas materias relacionadas con el acceso, la conexión y la regulación energética están atribuidas legalmente al organismo regulador independiente, no al departamento ministerial.
«Hay elementos que creemos contrarios al ordenamiento jurídico. Cuando una norma impone obligaciones de esta intensidad, la cobertura legal tiene que ser especialmente sólida», explicó Villacís.
Uno de los puntos más polémicos es el régimen de consecuencias previsto: el proyecto contempla recargos de entre el 300% y el 500% sobre determinados peajes y cargos, que además se incrementan con la reiteración y pueden derivar en la pérdida del permiso. Para SpainDC, la magnitud de la cifra desdibuja la frontera entre un recargo administrativo y una sanción encubierta.
Efecto retroactivo sobre proyectos en marcha
La Asociación subraya que el proyecto normativo no afecta solo a la inversión futura: también alcanza a proyectos que llevan años en desarrollo bajo el marco regulatorio vigente. Los que ya cuentan con permisos de acceso y conexión concedidos tendrían apenas seis meses para adaptarse, lo que obligaría a replantear desde cero suelo, licencias, obra, financiación, equipamiento y contratos energéticos ya comprometidos.
A esto se suma la exigencia de adicionalidad renovable combinada con correlación horaria: el texto pide cubrir el 80% del consumo con nueva generación renovable y, además, que la energía consumida en cada hora haya sido producida en esa misma hora. Según Díaz, este requisito resulta «inviable técnica y económicamente» en un sistema donde ya existen horas de vertido de energía renovable no aprovechada.
Un sector que compite por la inversión europea
SpainDC insiste en que la seguridad jurídica es un factor determinante para las compañías internacionales a la hora de elegir dónde levantar un centro de datos, junto a variables como la energía disponible, los plazos de conexión o los costes regulatorios. Villacís ya definía a España como una oportunidad histórica para el sector, siempre que se resuelvan los cuellos de botella regulatorios y energéticos. «España no compite consigo misma: si una inversión deja de cuadrar aquí, puede hacerse en otro país», advirtió Díaz.
Pese al rechazo frontal al texto actual, la Asociación ha reiterado su disposición al diálogo y a participar en mesas técnicas con el Ejecutivo y los ministerios implicados para revisar el planteamiento antes de su tramitación definitiva.
El pulso entre el sector de los data centers y el Gobierno anticipa un proceso de negociación que marcará el ritmo de un mercado que, según las propias estimaciones del sector, aspira a movilizar cerca de 67.000 millones de euros en la próxima década. El resultado final del Real Decreto será determinante para saber si España mantiene su atractivo frente a otros destinos europeos para la inversión en infraestructura digital.
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