SpainDC, la Asociación Española de Centros de Datos, ha elevado su preocupación ante el contenido del Proyecto de Real Decreto que establecerá los requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental, resiliencia y soberanía digital que deberán cumplir estas infraestructuras en España. La organización considera que el texto necesita cambios importantes antes de su aprobación definitiva y anuncia que presentará alegaciones durante su tramitación.
La asociación asegura compartir los objetivos que persigue el Gobierno, entre ellos avanzar en sostenibilidad, mejorar la eficiencia, reforzar la soberanía digital y ordenar el crecimiento del sector. Sin embargo, considera que la combinación de determinadas obligaciones, su intensidad y el calendario previsto para aplicarlas puede afectar a proyectos que ya están en marcha y dificultar la llegada de nuevas inversiones.
Según SpainDC, si el Real Decreto se aprobara en sus términos actuales, España podría acabar contando con uno de los marcos regulatorios más restrictivos de la Unión Europea. La organización considera que esta situación podría situar al país en una posición de desventaja frente a otros Estados miembros que, a su juicio, están tratando de compatibilizar sus objetivos de sostenibilidad y soberanía digital con la capacidad de atraer inversiones.
Preocupación por los proyectos que ya están en marcha
Uno de los principales motivos de inquietud para SpainDC es que algunas de las nuevas condiciones afectarían también a proyectos iniciados bajo la normativa anterior. Se trata, en algunos casos, de iniciativas que llevan años desarrollándose y que ya han requerido compromisos relacionados con terrenos, financiación, construcción, equipamiento, contratos energéticos y acuerdos con terceros.
El presidente de SpainDC, Emilio Díaz, considera que este cambio puede generar un problema de seguridad jurídica, especialmente por el reducido plazo previsto para adaptarse. «Cambiar las reglas cuando existen proyectos con inversiones ya comprometidas genera una inseguridad difícilmente compatible con inversiones de esta magnitud», sostiene. Explica que las inversiones en centros de datos se plantean con horizontes temporales largos y que la obtención de un permiso de acceso y conexión puede dar paso a numerosos compromisos económicos. A su juicio, modificar de manera estructural las condiciones de esos proyectos y establecer un periodo de adaptación de apenas seis meses plantea dudas sobre la proporcionalidad de las nuevas exigencias.
La directora ejecutiva de SpainDC, Begoña Villacís, también alerta de las posibles consecuencias para la inversión. «Ordenar el crecimiento no puede significar expulsar la inversión que España ha atraído durante años», afirma, al advertir de que una regulación diseñada para fortalecer la soberanía digital podría terminar desplazando fuera del país inversiones, puestos de trabajo y capacidad de computación.
La asociación señala que esta posibilidad ya está siendo valorada por algunos proyectos y planes de inversión, que estarían estudiando otros mercados europeos como alternativa ante la perspectiva de un marco español más exigente y menos previsible. Villacís recuerda que el crecimiento de servicios como la inteligencia artificial, la computación en la nube y otras aplicaciones digitales continuará aunque las infraestructuras necesarias no se construyan en España. «La demanda de inteligencia artificial, cloud y servicios digitales no va a desaparecer porque esa infraestructura no se construya aquí», señala la directiva. En ese escenario, añade, la infraestructura podría localizarse en otros países y desde allí prestar servicios a empresas y ciudadanos españoles.
Un impacto potencial de miles de millones de euros
La dimensión económica de la situación preocupa especialmente a la asociación. El último Informe Anual de SpainDC calculaba una inversión directa e indirecta acumulada de 66.900 millones de euros entre 2026 y 2030 si se mantenía un escenario de continuidad, mientras que un escenario considerado restrictivo podía reducir esa inversión en un 36%. SpainDC considera ahora que aquella previsión restrictiva podría incluso quedarse corta ante el alcance del proyecto normativo actualmente conocido. Según sus estimaciones, si el texto se aprobara sin modificaciones sustanciales, podría quedar en riesgo entre el 80% y el 90% de la nueva inversión que potencialmente podría escoger España como destino.
La asociación sostiene que ese escenario no responde a un rechazo de la regulación ni a la necesidad de establecer límites al crecimiento del sector. De hecho, SpainDC comparte la necesidad de combatir la especulación y de liberar capacidad eléctrica que esté vinculada a proyectos sin expectativas reales de ejecución. La diferencia, según la organización, debería estar en distinguir entre iniciativas especulativas y proyectos que ya cuentan con un grado elevado de desarrollo. Para ello, propone tener en cuenta factores como la inversión comprometida, el grado de avance, el cumplimiento de los hitos previstos y la madurez efectiva de cada proyecto.
