Modificaciones en el segmento residencial. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, ha anunciado que el ejecutivo impulsará una nueva redacción de la Ley de Propiedad Horizontal que «ajuste y clarifique» los términos en los que las comunidades de vecinos participarán a la hora de decidir si permiten o vetan la existencia de pisos turísticos en su bloque de edificios.
Según Rodríguez, el Gobierno tramitará urgentemente un real decreto ley para que los alquileres temporales se incluyan en la plataforma de registro único que el Gobierno quiere crear al amparo del reglamento de la Unión Europea 2024/1028, por el que se regula el intercambio de datos relativo al servicio de alquiler de alojamientos de corta duración. También se incluirán los alquileres turísticos.
Tras la reunión con el Grupo de Trabajo sobre la regulación de los alquileres temporales, la titular de vivienda ha detallado que el Ejecutivo recogerá también en este real decreto las condiciones a cumplir para que los alquileres temporales acrediten la causalidad a la hora de formalizar el contrato. Así, se pretende justificar que realmente «el contrato se debe al interés de la temporalidad y no está ocupando otro tipo de contratos necesarios para el desarrollo de la vida ordinaria».
«Este fenómeno está tensionando el mercado del alquiler, al tiempo que esa tensión genera un incremento de precios, del mismo modo que los alojamientos turísticos tensionan el alquiler residencial y contribuyen al incremento de precios», ha señalado la ministra.
Los alojamientos temporales deberán justificar la causalidad
Tras la reunión junto a diferentes representantes de distintos ministerios, organizaciones del sector y agentes sociales, el ejecutivo indica que es «necesario» fijar todos los mecanismos para no burlar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y salvaguardar el alojamiento de temporada.
Para lograrlo, se desarrollará el artículo 3 de la LAU, así como el reglamento de la Unión Europea 2024/1028 sobre el intercambio de datos relativo al servicio de alquiler de alojamientos de corta duración.
Por este motivo, se exigirá a esta clase de alojamientos que justifiquen la causalidad que les lleva a no acogerse a un tipo de alquiler ordinario, para que no se «abuse» del contrato de alquiler temporal. Utilizando los registros autonómicos y locales, la intención es que estos alquileres temporales formen parte de la plataforma de registro único que el ejecutivo pretende impulsar para los pisos turísticos.
La plataforma de registro único será un sistema de matrículas
Con la plataforma, se pretende establecer un sistema similar al de una «matrícula» para que se sepa si una vivienda es protegida, temporal o turística. «Uno no puede tenerla (una vivienda) en temporal y en turístico al mismo tiempo, porque entonces algo no está saliendo bien», ha afirmado Rodríguez.
También, la ministra ha defendido este sistema como una manera de combatir el «fraude» que se está produciendo en algunas viviendas que se ponen como alquiler temporal, pero luego en la temporada de verano se establecen como vivienda turística.
Respecto a los plazos, Rodríguez ha recordado que el Gobierno tiene previsto que la plataforma esté lista en 2025, pero se va a intentar poner en marcha «todo lo rápido que nos permita la tecnología y los desarrollos que hemos de implementar».
Por su parte, el real decreto que quiere impulsar el Gobierno podría estar listo a finales de verano. «La idea es tramitarlo con absoluta rapidez en el seno del Gobierno y, por tanto, en las próximas semanas le daremos toda la celeridad que le podemos dar, cuidando los trámites de exposición pública a la ciudadanía».
En cuanto a la nueva redacción de la LPH, Rodríguez ha señalado que la intención es tratar de «empoderar a los vecinos» para que su decisión sea «determinante» a la hora de aceptar o no la implantación de una actividad económica en sus fincas.
Por último, Rodríguez ha instado a todas las comunidades autónomas afectadas por este fenómeno y a los ayuntamientos que lo sufran, a que «regulen si es necesario, a que limiten si es necesario y si es necesario, como ha hecho el alcalde de Barcelona, se prohíba, para garantizar el derecho de acceso a la vivienda».
