La Unión General de Trabajadores (UGT) ha presentado una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra las principales plataformas digitales del sector inmobiliario por presunto abuso de posición dominante.
Según el sindicato, el modelo de negocio de estas plataformas ha generado una concentración estructural del mercado inmobiliario online y ha contribuido a un aumento considerable de los precios de la vivienda en un contexto de crisis habitacional.
UGT sostiene que las plataformas concentran de forma casi exclusiva servicios vinculados al mercado inmobiliario digital, como tasaciones y valoraciones, seguros antiokupas, certificaciones energéticas o herramientas para consultar la morosidad de potenciales inquilinos.
Integración vertical y efectos sobre el mercado
El sindicato considera que esta concentración implica una integración vertical, al controlar varias fases sucesivas de distribución y puesta a disposición de inmuebles en el mercado, que anteriormente estaban repartidas entre distintas empresas.
A juicio de la organización, este modelo reduce la presencia de operadores externos, genera dependencia económica y uniforma la oferta y la demanda, lo que distorsiona el mercado y encarece el acceso a la vivienda para las personas trabajadoras.
UGT también advierte de una asimetría estructural de servicios que, según su análisis, prioriza las necesidades de la propiedad frente a las de quienes buscan acceder a una vivienda, debilitando su capacidad de negociación.
Propuestas regulatorias
La organización señala que parte del encarecimiento de la vivienda estaría vinculado a un modelo de plataformas digitales que, en su opinión, ha operado sin una regulación específica que supervisara determinadas prácticas. En este contexto, UGT propone establecer mecanismos que obliguen a los anunciantes a cumplir la normativa vigente, en una línea similar al sistema de la Ventanilla Única Digital aplicado en la regulación de los pisos turísticos.
Asimismo, plantea que las plataformas faciliten información sobre los derechos de los usuarios, eliminen anuncios ilegales y que los costes de intermediación recaigan en la propiedad.
