Han pasado los días en los que el debate sobre las políticas para la descarbonización parecía reservado de forma exclusiva a las cumbres internacionales sobre el clima. Hoy somos conscientes de que la transición energética implica a toda la sociedad y que su futuro se juega cada vez más cerca de nosotros, por ejemplo, en los metros cuadrados en los que vivimos.
Según los datos de la Comisión Europea, la calefacción de espacios y la generación de agua caliente sanitaria representan un 60% de la energía final que consumen los hogares de la UE. Casi dos tercios de ese uso tiene como fuente principal al gas natural. La Directiva (UE) 2024/1275 relativa a la eficiencia energética de los edificios (EPBD) establece una visión a largo plazo para lograr un parque inmobiliario de cero emisiones a más tardar en 2050 y orienta a los Estados miembros en sus esfuerzos en este sentido. Es decir, proporciona el marco y exige el establecimiento de políticas nacionales para lograr la eliminación gradual de los combustibles fósiles.
La estrategia para lograr esos ambiciosos objetivos solo tendrá posibilidades de éxito si combina esa ambición climática con un análisis pragmático y realista de la situación de la que partimos. Y la realidad es que, hoy por hoy, las calderas de gas natural continúan siendo el sistema de calefacción más habitual en el parque residencial español al garantizar la seguridad térmica de unos veinte millones de personas. Pero, además, porque los modelos instalados en nuestros domicilios ya están preparados para funcionar con gases renovables, las calderas están llamadas a prestar su imprescindible colaboración para alcanzar los objetivos de neutralidad climática.
Sin embargo, no faltan quienes abogan por un dogmático reemplazo a favor de las bombas de calor. Los discursos que proponen esta tecnología como la única vía para la descarbonización residencial topan con dos límites infranqueables: uno, de carácter técnico; el otro, socioeconómico.
El primero tiene que ver con las características constructivas de los edificios: el 70% del parque residencial español está integrado por viviendas plurifamiliares en bloques con una superficie útil de entre 45 y 105 metros cuadrados de promedio. Estas viviendas ofrecen muchas dificultades, cuando no imposibilitan su instalación.
El segundo está relacionado con el nivel de renta disponible de las familias: cuando su mediana de ahorro anual ronda los 8.000 euros, imponerles la obligación de asumir una inversión que puede llegar a alcanzar los 20.000 euros no solo resulta poco realista, sino que erosiona el necesario apoyo social a la transición energética.
Los defensores de la eventual sustitución masiva de las calderas obvian que tal operación no podría ser rápida, ni barata, ni siempre técnicamente viable. Pero, a pesar de todas las dificultades, ¿se hace necesaria para cumplir los objetivos climáticos que hemos asumido? No, no lo es. Así de rotunda se ha manifestado la Comisión Europea en la guía para la transposición nacional de la EPBD.
Ese documento despeja de forma inequívoca las dudas sembradas, de forma interesada, sobre el futuro de las calderas: su instalación y funcionamiento podrá prolongarse más allá de 2040 siempre que empleen gases renovables, como el biometano o el hidrógeno generado a partir de fuentes renovables. Es decir, no serán en ningún caso los equipos los que sirvan para determinar la adecuación de un sistema al proceso de descarbonización, sino el vector energético que los alimenta. El mensaje que traslada la Comisión enfatiza la importancia de mantener un enfoque tecnológicamente neutral y económicamente inclusivo. Esta aclaración normativa aporta seguridad jurídica y refuerza la viabilidad de que las soluciones térmicas actuales, ya presentes en millones de viviendas, continúen desempeñando un papel clave en la transición energética.
La adopción de una estrategia de futuro fundada en estos principios se opone frontalmente a la arraigada idea de que es una -y solo una- la solución para descarbonizar el consumo energético de los hogares. Asumir el principio de neutralidad significa también reconocer la realidad del parque inmobiliario y conceder margen a una pluralidad de soluciones, que, combinadas, permitan avanzar en el camino hacia un modelo sostenible con la celeridad necesaria y con el mayor consenso social posible. Europa no presta su aval a la propuesta de condenar a la obsolescencia prematura a las calderas instaladas en nuestros domicilios, que, además de estar lejos del final de su vida útil, son capaces ya de funcionar con gases renovables y ofrecer, así, una solución sostenible en plena sintonía con los ejes que estructuran el Plan Nacional de Renovación de Edificios, actualmente en audiencia pública.
El proceso de descarbonización de las necesidades térmicas de los hogares requerirá múltiples vectores energéticos. La diversificación de fuentes y el establecimiento de sistemas híbridos que permitan integrar, por ejemplo, gases renovables, biomasa o calor residual resultarán fundamentales para garantizar la seguridad del suministro energético y, al mismo tiempo, conquistar el objetivo de un parque edificado de cero emisiones en 2050.
Para lograr esa meta, será precisa la colaboración de todos, también, por supuesto, del sector inmobiliario, que puede facilitar la introducción de los gases renovables en los trabajos de rehabilitación las viviendas o diseñar las futuras promociones para que puedan operar eficientemente con distintas alternativas hibridadas. El activo inmobiliario verdaderamente resiliente no será el que apueste por una única tecnología convertida en dogma, sino aquel capaz de imaginar un futuro adaptado a la evolución de la técnica y de la multiplicidad de soluciones disponibles, capaz, en definitiva, dar una respuesta eficiente y asequible a las necesidades concretas y particulares de cada consumidor.
Artículo de opinión firmado por Naiara Ortiz de Mendíbil, secretaria general de Sedigas
