La Asociación Española de Tasadores Hipotecarios (AETH) ha tomado la firme decisión de prolongar el paro que comenzó el pasado 15 de diciembre. Esta medida responde a la falta de diálogo con las sociedades de tasación y sus patronales, conocidas como AEV y Atasa. Los profesionales denuncian que se encuentran en una situación de precariedad laboral insostenible que pone en peligro el sistema.
Según lo acordado en la última asamblea, el calendario de movilizaciones se ha reajustado de forma estratégica. Las tasaciones vinculadas a carteras bancarias de préstamos dudosos se detendrán un mes más de lo previsto, concretamente hasta el 15 de febrero. Por otro lado, las valoraciones del canal bancario tradicional se mantendrán suspendidas hasta el 21 de enero, fecha en la que se decidirá el siguiente paso.
Muchos de los especialistas ya han expresado su voluntad de convertir esta protesta en una huelga indefinida si sus peticiones no reciben respuesta. La organización busca proteger la calidad de los informes, que actualmente se ve amenazada por las malas condiciones de trabajo. Es necesario recordar que estos profesionales son una pieza clave para que el mercado inmobiliario funcione de manera transparente.
El riesgo de trabajar por debajo de los costes reales
Uno de los puntos más críticos que señala el colectivo es la enorme diferencia entre lo que paga el cliente y lo que recibe el tasador. En algunas ocasiones, el profesional apenas percibe el 20% del importe total que la entidad bancaria cobra al ciudadano por el servicio. Además, denuncian que sus tarifas llevan prácticamente congeladas desde el año 2008, ignorando el encarecimiento de la vida.
Esta situación de asfixia económica se agrava debido al aumento constante de las exigencias técnicas y normativas que deben cumplir por ley. Realizar un informe de tasación con rigor requiere tiempo, desplazamientos y una responsabilidad legal que no se está viendo recompensada. Trabajar a pérdidas, según advierte la AETH, aumenta inevitablemente el riesgo de que se cometan errores durante la valoración de los inmuebles.
Es importante destacar que el paro se levantó parcialmente el pasado 23 de diciembre para las gestiones solicitadas directamente por particulares. El objetivo de este gesto fue no perjudicar a las familias y empresas que necesitan una hipoteca de forma urgente. Sin embargo, el conflicto con las grandes carteras bancarias sigue totalmente abierto y sin visos de solución inmediata.
Un Acuerdo Marco para garantizar la seguridad del mercado
La solución que propone la asociación pasa por la creación de un Acuerdo Marco que establezca unas reglas del juego claras y justas. Este pacto debería fijar tarifas mínimas vinculadas al coste real de los informes y actualizadas anualmente según el IPC. También exigen que se garanticen plazos de entrega realistas y que los pagos se realicen en un máximo de treinta días.
El colectivo insiste en que su intención no es provocar una subida de precios en el mercado inmobiliario para el usuario final. Lo que buscan es eliminar comisiones injustas y asegurar que el profesional que firma la valoración pueda desempeñar su labor con independencia. Sin una remuneración digna, la seguridad de las hipotecas en España podría verse comprometida a largo plazo.
