El Tribunal Supremo ha avalado la limitación de la actualización de la renta de los contratos de alquiler que se aplicó con motivo de la crisis inflacionaria que se incluyó en el Real Decreto-Ley de 29 de marzo de 2022, para dar respuesta a las consecuencias del conflicto en Ucrania, así como en las dos prórrogas posteriores del mismo año.
La decisión del alto tribunal resuelve un recurso presentado por Societat de Arrendaments 2007. La empresa reclamaba 631.000 euros al Estado por considerar que la limitación del incremento de la renta era expropiatoria. Alegaban que el tope aplicado, basado en el Índice de Garantía de Competitividad, reducía drásticamente los ingresos previstos según el IPC pactado previamente.
El Supremo ha aclarado que la medida no implica privación del derecho de propiedad. Según la sentencia, la limitación busca controlar la inflación y proteger a los arrendatarios más vulnerables. Además, no afecta al contenido esencial de la propiedad, por lo que no da lugar a indemnización.
Protección a los arrendatarios y límites razonables
El Supremo recordó que el artículo 33.3 de la Constitución protege la propiedad, pero solo en caso de privación singular. La regulación general de los derechos de propiedad no se considera una expropiación si respeta el contenido esencial del derecho. En este caso, la limitación temporal de las rentas fue considerada proporcionada y justificada.
El tribunal también destacó que la medida tiene una finalidad social clara. Protege a los inquilinos vulnerables ante un mercado inmobiliario afectado por la inflación. La exposición de motivos del Gobierno señalaba que en febrero de 2022 la variación anual del IPC alcanzó el 7,6%, el máximo de los últimos 35 años.
Un equilibrio entre propietarios e inquilinos
La sentencia subraya que la regulación no vacía los derechos de los propietarios. Estos conservan sus facultades, aunque limitadas de manera temporal y proporcionada. La medida se orienta a facilitar el acceso a la vivienda y evitar costes económicos excesivos para los arrendatarios.
Este organismo respalda la actuación del legislador frente a la inflación. Considera que la limitación de los alquileres es constitucional, razonable y necesaria. De esta manera, se protege a quienes más necesitan apoyo sin afectar los derechos fundamentales de los propietarios.
