La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha lanzado un mensaje directo a las comunidades autónomas para que actúen con rapidez frente a las más de 111.000 viviendas de uso turístico (VUT) ilegales detectadas en el conjunto del país. Su propuesta pasa por recuperar estos inmuebles e incorporarlos a programas de vivienda asequible para ampliar el parque público. Rodríguez ha participado en el foro ‘Seremos’, organizado por la Cadena SER, donde ha insistido en que el problema del alquiler turístico ilegal requiere una respuesta coordinada. En su intervención, ha subrayado que estos inmuebles están repartidos por todo el territorio nacional y representan una oportunidad para incrementar la oferta de vivienda accesible.
La ministra ha defendido que los gobiernos autonómicos deben reforzar la lucha contra este mercado ilegal y activar mecanismos para reincorporar estas viviendas al sistema residencial. Entre las opciones planteadas, ha mencionado la compra directa o la cesión por parte de los propietarios como vías para destinarlas a alquiler asequible. Ha recalcado que este proceso podría ponerse en marcha de inmediato. En sus palabras, es algo que se puede hacer «ahora mismo», ya que las comunidades autónomas «tienen los recursos» necesarios para hacerlo efectivo sin esperar a nuevas herramientas adicionales.
En este contexto, la titular de Vivienda ha situado su propuesta dentro de una estrategia más amplia que busca movilizar recursos ya existentes. El objetivo, ha explicado, es que las viviendas actualmente fuera del mercado residencial puedan volver a cumplir una función social. Asimismo, ha insistido en que la colaboración entre administraciones será clave para que estas medidas tengan impacto real en el acceso a la vivienda. Sin esa implicación, ha sugerido, será difícil reducir la presión del mercado en las grandes y medianas ciudades.
El Plan Estatal de Vivienda y nuevas fórmulas de acceso
Rodríguez ha recordado también que el próximo mes de julio el Gobierno realizará el primer reparto de 800 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda 2026-2031. Este programa cuenta con una dotación total de 7.000 millones, financiados en un 60% por el Estado y en un 40% por las comunidades autónomas.
El plan, aprobado por unanimidad por todas las comunidades, establece condiciones específicas para garantizar que las viviendas financiadas cumplan su función social. Entre ellas, se incluye que los alquileres sean asequibles, de modo que ninguna familia o joven destine más del 30% de sus ingresos a la vivienda. Además, el 40% del presupuesto se orientará a ampliar el parque público, ya sea mediante nueva construcción o a través de la compra de inmuebles ya existentes. También se fija que la protección de estas viviendas no tendrá fecha de caducidad, con el objetivo de asegurar su carácter social a largo plazo.
La cesión de viviendas y ejemplos ya en marcha
Otra de las líneas destacadas por la ministra es la cesión de viviendas vacías, un modelo que permite incorporarlas al mercado de alquiler social garantizando al mismo tiempo seguridad jurídica y estabilidad económica para los propietarios. «Hay mucho miedo en alquilar la vivienda», ha reconocido Rodríguez durante su intervención. En este sentido, ha puesto como ejemplo el programa vasco Bizigune, que moviliza vivienda vacía para el alquiler social mediante una renta fija garantizada a los propietarios que deciden ceder sus inmuebles. Este tipo de iniciativas, ha señalado, demuestran que es posible combinar protección social y confianza para los propietarios.
La ministra ha animado además «a todo el mundo a que alquile su vivienda» a precios asequibles, recordando que existen ayudas y garantías públicas que respaldan estas decisiones. A su juicio, estos instrumentos pueden ayudar a incrementar la oferta disponible sin recurrir exclusivamente a nueva construcción.
