El Gobierno aprobará el próximo martes la compensación a propietarios afectados por impagos de alquiler, según confirmó la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. La responsable de la cartera explicó que esta medida lleva meses de preparación como real decreto ley y la intención es que entre en vigor este mismo año. Rodríguez destacó que el objetivo es ofrecer garantías y frenar discursos que, a su juicio, «alimentan el miedo».
La ministra realizó estas declaraciones antes de entrar al Pleno del Senado, aunque evitó detallar en qué consistirán exactamente las garantías que se aplicarán. Afirmó que desconoce el supuesto malestar de los socios de izquierda del Gobierno, pero aseguró estar convencida de que la actuación del Ejecutivo es firme en la defensa del derecho a la vivienda. Subrayó además que el trabajo se desarrolla en todos los frentes posibles, desde la ampliación del parque público hasta la protección de quienes viven de alquiler.
Rodríguez señaló que los adversarios se encuentran en «esa derecha» que, según dijo, continúa amparando la especulación. Añadió que quienes trabajan desde la misma posición política deberían centrarse en objetivos comunes. También remarcó que el Gobierno pretende dar tranquilidad tanto a propietarios como a inquilinos.
Cruce de reproches en el Senado por la política de vivienda
Durante la sesión de control, Isabel Rodríguez respondió a preguntas del senador del Partido Popular, Juan Bautista Milián. La ministra lamentó que el PP recurra a lo que considera discursos de «miedo y odio». Aseguró que los populares se oponen a la dirección que defienden la mayoría de los países de la Unión Europea en materia de vivienda.
Rodríguez recordó que recientemente compartió con otros Estados miembros varias conclusiones que serán trasladadas al próximo Plan Europeo de Vivienda. Explicó que existe consenso en dos ideas clave: garantizar la función social de la vivienda y evitar la especulación, además de promover la colaboración de todas las administraciones. Señaló que este esfuerzo debe incluir al Gobierno central, a las instituciones europeas y a los gobiernos autonómicos y locales.
La ministra defendió que su departamento está comprometido con la construcción de vivienda, pero insistió en que no se puede edificar «de cualquier manera» ni «en cualquier sitio».
