La semana pasada se relanzó la iniciativa de acabar con las licencias turísticas tal y como se entendían en Barcelona en los próximos cinco años. La medida ha generado mucha controversia en el sector y genera muchas cuestiones a nivel urbanístico. Se ha asociado muchas veces el apartamento turístico con el turismo de baja calidad pero si uno observa el ADR del apartamento turístico no dista mucho del hotelero por lo que a nivel precio no hay una relación clara. En segundo lugar, cabe destacar la gran faena que desde la Administración y las empresas del sector han llevado a cabo a la hora de estandarizar unos protocolos y unos servicios de calidad para el visitante.
La mayor problemática reside en aquellos propietarios/empresas que ofrecen estas viviendas de manera ilegal y que perjudican de manera significativa a aquellos que se esfuerzan en establecer reglas claras de respeto a la comunidad de vecinos y al ordenamiento municipal.
Está claro que esta propuesta tiene un contenido ideológico detrás que pretende enviar un mensaje a la población de que se trabajará para fomentar el alquiler residencial asequible en la ciudad, pero ¿alguien se ha preguntado si de verdad esas 10.000 viviendas influencian el precio de un parque de más de 300.000 en una ciudad de 1,5 millones de habitantes? Por otro lado, esas viviendas adquiridas por cantidades elevadas debido a la licencia, ¿se pasarán al residencial o es más probable que acaben en manos de un inversor extranjero al que no le importe tenerla vacía y vivir en ella x días al año?
A nivel de comunidad/municipio se siguen impulsando medidas contra sectores que poco influyen en la crisis de vivienda que experimenta la ciudad. Se percibe una falta de creatividad y de imaginación para impulsar más oferta de alquiler residencial. Los anglosajones usan la expresión ‘the big picture‘ para hacer referencia a analizar las situaciones desde un prisma más alejado para poder tener en cuenta todas las variables de una problemática y es sencillamente lo que falta. A la crisis de oferta se la combate creando más oferta ¿Cómo se hace eso? En primer lugar, fomentando ese alquiler residencial ofreciendo una protección jurídica y legal del cumplimiento de contratos y de respeto a la propiedad privada. Esto ya incentivaría que parte de los 70.000 pisos que están vacíos o se alquilan en ‘B’ pudieran pasar al mercado residencial oficial (70.000 vs. 10.000 acuérdense). Por otro lado, facilitando la reconversión de locales y oficinas, flexibilizando los trámites burocráticos y fomentando un cambio de uso responsable con prioridad a la vivienda social. Consecuentemente, las Administraciones deberían asegurarse de que aquellas familias en situación vulnerable pudieran tener acceso a este parque con garantías públicas para no generar esa sensación de inseguridad que muchos propietarios ven en la actual ley.
Por último, en esta carta a los Reyes Magos (aunque realista si se quiere) convendría trabajar para potenciar un sistema de transporte público que permita desinflar la presión demográfica existente en los centros de las ciudades.
En resumen, si la voluntad de la nueva medida tiene como objetivo atajar la problemática residencial en Barcelona, deberíamos levantar la vista y en vez de centrarnos en esas 10.000 intentar actuar sobre las 300.000, ¿alguien se anima?
