El Gobierno ha dado luz verde a un nuevo mecanismo destinado a acelerar la llegada y puesta en marcha de grandes inversiones en España. El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que establece el funcionamiento del Comité de Inversiones Estratégicas y fija las condiciones para que un proyecto pueda recibir la consideración de estratégico.
La iniciativa pretende reducir los obstáculos administrativos que pueden retrasar proyectos empresariales de gran tamaño, tanto nacionales como extranjeros. Para ello, el nuevo sistema concentrará la evaluación de estas iniciativas y permitirá dar prioridad a determinados trámites relacionados con permisos, infraestructuras o el acceso y la conexión a la red eléctrica.
El Ejecutivo busca así ofrecer a los promotores mayor rapidez y seguridad jurídica durante la tramitación. El mecanismo también pretende identificar aquellos proyectos que puedan generar un mayor impacto económico, social y medioambiental y contribuir a las prioridades estratégicas del país.
Dos etapas para acelerar la tramitación
El procedimiento diseñado por el Gobierno tendrá dos fases. La primera será una declaración previa, que deberá resolverse en un plazo máximo de un mes y servirá para determinar si la iniciativa reúne las condiciones necesarias para continuar como proyecto estratégico. En esta primera evaluación se tendrán en cuenta aspectos como la cantidad de inversión prevista y el empleo que pueda generar el proyecto. También se analizarán elementos más cualitativos, entre ellos la solidez de la propuesta y su relación con las prioridades estratégicas de España.
La decisión sobre esta declaración previa corresponderá al Pleno del Comité de Inversiones Estratégicas. Si el proyecto supera esta primera fase, comenzará una segunda evaluación destinada a estudiar con mayor profundidad sus características y efectos. La declaración definitiva tendrá un plazo máximo de tres meses desde la solicitud. En esta etapa se analizarán cuestiones como la repercusión económica, social y medioambiental de la iniciativa, su contribución a la autonomía estratégica y a la seguridad económica, la inversión en innovación (como centros de datos) y su posible aportación a la cohesión territorial.
Esta declaración será otorgada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta del nuevo comité. Además, las comunidades autónomas serán consultadas cuando los proyectos afecten a sus territorios y sus valoraciones se incorporarán al proceso de evaluación.
Un comité con presencia de varios ministerios
El nuevo órgano tendrá una estructura interministerial y estará adscrito orgánicamente a la Oficina de Asuntos Económicos y G-20 de la Presidencia del Gobierno. Su presidencia será compartida por el responsable de esta oficina, Manuel de la Rocha, y el secretario de Estado de Economía. La organización contará además con cinco vicepresidencias, en las que estarán representadas la Presidencia del Gobierno, Industria y Turismo, Hacienda, la Secretaría de Estado de Energía y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. A ellas se sumarán catorce vocalías procedentes de diferentes ministerios y organismos públicos.
Entre los departamentos representados figuran Exteriores, Defensa, Transportes, Educación y Formación Profesional, Trabajo, Agricultura, Vivienda, Comercio, Sanidad, Ciencia e Innovación, Inclusión y Seguridad Social y Medio Ambiente. También participarán el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Prospectiva Estratégica y ICEX Invest in Spain. Una Secretaría Técnica prestará apoyo al comité en el estudio de los expedientes y podrán crearse grupos de trabajo específicos cuando las características de una determinada inversión así lo requieran. Con esta estructura, el Gobierno pretende reunir en un mismo mecanismo a las distintas áreas de la Administración que pueden intervenir en proyectos de gran dimensión.
El sistema se inspira en mecanismos similares que ya funcionan en países como Francia y Reino Unido, además de iniciativas existentes en distintas comunidades autónomas. El Ejecutivo señala también que la medida se ajusta a los avances normativos europeos que apuntan a la creación de instrumentos nacionales para acelerar inversiones consideradas estratégicas.
Qué proyectos podrán acogerse
La declaración podrá aplicarse a iniciativas empresariales o de colaboración entre el sector público y privado que impliquen una inversión o reinversión en España. Será necesario que contribuyan a mejorar las capacidades tecnológicas, científicas o productivas del país y que exista un motivo de interés público, social, medioambiental o económico. No podrán acogerse al mecanismo determinadas operaciones puramente societarias. Entre ellas se encuentran la compra de acciones o participaciones, las ampliaciones o reducciones de capital y las modificaciones estructurales de sociedades mercantiles.
Uno de los ámbitos en los que se espera una mayor actividad es el relacionado con la transición energética y la industria limpia. Según la información facilitada por el Gobierno, actualmente existen 41 grandes proyectos en este campo que podrían movilizar más de 110.000 millones de euros en España. Entre las iniciativas identificadas figuran proyectos relacionados con el acero verde, el hidrógeno, el amoniaco y los fertilizantes de bajas emisiones. También se incluyen propuestas vinculadas al e-metano, la captura de carbono, el reciclaje químico, los combustibles sostenibles para el transporte marítimo, las baterías y distintos componentes destinados a las energías renovables.
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