Sepes, germen de la nueva Entidad Pública de Vivienda y Suelo, incorporará a su patrimonio ocho instalaciones y terrenos de uso penitenciario, entre ellos la antigua cárcel de Carabanchel (Madrid), que acogerá 508 de las 1.332 nuevas viviendas protegidas y asequibles que se prevé construir.
Según ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, estos activos, incluidos en el Plan de Amortización y Creación de Establecimientos Penitenciarios, están valorados en más de 78 millones de euros y se localizan en zonas urbanas de ocho provincias, distribuidas en cinco comunidades autónomas: Carabanchel (Madrid), Sevilla, Córdoba, Denia (Alicante), Huesca, Zaragoza, Segovia y Briviesca (Burgos).
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha destacado que estos suelos, que en el pasado tuvieron un uso carcelario, deben ahora resignificarse y ponerse al servicio de la ciudadanía como viviendas protegidas.
Todos los terrenos tienen aprobado su planeamiento urbanístico. En los casos de Huesca, Segovia y Burgos, las obras se licitarán próximamente, mientras en el resto de ubicaciones se encuentran en fase de tramitación urbanística. En el caso de Carabanchel, queda pendiente su aprobación definitiva.
El traspaso de estos suelos desde la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, dependiente del Ministerio del Interior, se realizará sin coste y responde, según el Gobierno, a la «necesidad urgente» de incrementar la oferta residencial en España.
