Posibles cambios para los pisos turísticos. Según ha avanzado Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, el Gobierno estudia actualmente una posible modificación de la Ley de Propiedad Horizontal con un doble objetivo: regular los pisos turísticos como una actividad económica más y «empoderar» a las comunidades de vecinos para que participen en estas decisiones.
Este martes, la titular de la cartera se ha reunido con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La intención es apurar todo su margen de competencia y valorar la posible modificación de ley, que pasaría a considerar estas actividades como económicas y se rijan como tal. Cuando estas actividades entren en conflicto con el acceso a la vivienda, el Gobierno, los ayuntamientos y las comunidades priorizarán siempre el derecho a acceso a la vivienda.
Por otra parte, Rodríguez ha hecho hincapié en el papel de las propias comunidades de vecinos, una figura que tiene mucho que aportar al debate y debe participar en estas decisiones, según declaraciones en una entrevista a Telecinco.
Implicación de todas las administraciones públicas
Para garantizar el derecho de acceso a una vivienda, Rodríguez ha reclamado la implicación por parte de todas las administraciones públicas. La ministra ha añadido que es evidente que el surgimiento de esta case de alojamientos turísticos está colisionando con el derecho a una vivienda digna, aumentando el precio del alquiler y limitando la oferta de alquiler residencial.
La ministra ha hecho una llamamiento para que cada entidad cumpla con sus competencias, y ha celebrado que haya ayuntamientos que ya han tomado cartas en el asunto. Se refiere a Barcelona, que va a prohibir esta clase de alojamientos para beneficiar a la ciudadanía, primando el derecho a la vivienda frente a los intereses económicos y frente a un sector como el turismo. A Madrid, particularmente, Rodríguez le ha pedido que intervenga.
Desde el Ministerio, la ministra indica que han analizado la jurisprudencia y la normativa europea y que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea comentó la «imperiosa» necesidad de intervenir cuando colisiona este mercado con el derecho de acceso a la vivienda.
En esta línea, se puso en marcha un reglamento para regular y contar con plataformas únicas de control en los estados miembros de la UE, un panorama al que España se va a adelantar al poner en marcha esa plataforma, que facilitará a los diferentes niveles de la administración pública en la persecución de este fraude, que no ocurre exclusivamente en el real estate español.
